El sindicato UGT-Galicia lanzó ayer una campaña en defensa de las pensiones y para reclamar "un nuevo pacto de estado para garantizar la sostenibilidad del sistema" en un contexto de campaña electoral en la comunidad en el que critica que no haya propuestas en este ámbito por parte de los diferentes partidos políticos. "La situación económicamente es muy difícil y políticamente es muy preocupante, pero no vamos a hablar ni hacer propuestas sobre este tema", advirtió el responsable de asuntos relacionados con la Seguridad Social del sindicato en Galicia, Luis Baneira.

El sindicalista alertó de que, según los cálculos de la central, de seguir el actual ritmo de utilización del fondo de reserva, "no habrá dinero para pagar la extra de navidad de 2017". Frente a esto, la organización plantea que el déficit que en los últimos tiempos registra el sistema público de la Seguridad Social -tras años en los que estuvo en superávit- "se cubra con cargo a los Presupuestos Generales del Estado". Un déficit, agregó Baneira, que es "transitorio".

Acuerdo entre partidos

Por ello, UGT pide "un gran acuerdo de estado para renovar las fuentes de ingreso" del sistema, que se modifique la ley para "evitar que cualquier gobierno pueda disponer del fondo de reserva", recuperar los consensos del Pacto de Toledo "que ha roto el Partido Popular", derogar la norma que supuso que la subida de las pensiones no pueda ser superior al 0,25% y volver al IPC como indicador que garantice el mantenimiento de las pensiones.

En esta línea, la central sindical demanda también que los gastos de administración de la Seguridad Social se abonen a través de los presupuestos y no mediante las cuotas del sistema y que los incentivos a la contratación tampoco se deriven de ellas.

Para los responsables gallegos del sindicato que lidera José María Álvarez, la "única manera" para "garantizar la sostenibilidad" de la Seguridad Social es "crear empleo de calidad y con salarios dignos", de modo que el sistema reciba mayores ingresos.

En caso de que no se adopten estas medidas, que en cualquier caso deben ser "consensuadas", el sindicato avisa de que "en año y medio la situación será gravísima", para los algo más de ocho millones de pensionistas que, en muchos casos, están "sosteniendo a los hijos y nietos en paro".