El inicio de la crisis económica en 2008 derivó en una oleada de despidos en las empresas españolas con la finalidad de ajustar las plantillas y reducir costes. Muchos de esos despidos, sin embargo, se realizaron pese al desacuerdo entre la compañía y el trabajador sobre las condiciones de la desvinculación laboral -fundamentalmente la indemnización-, por lo que muchos de esos conflictos fueron a parar a los juzgados. Solo en los últimos seis años, las empresas asentadas en Galicia tuvieron que desembolsar casi 405 millones de euros para afrontar los despidos resueltos en sede judicial, unas cantidades que fueron a parar a un total de 33.771 trabajadores, una media de casi 12.000 euros por empleado, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De esos cerca de 405 millones que tuvieron que abonar las empresas en Galicia por los despidos cerrados en los juzgados, la mayoría (268,4 millones, el 66%) corresponden a las indemnizaciones fijadas tras la celebración de juicio y la publicación de una sentencia. El resto, 136,4 millones (el 34%), corresponde a cantidades establecidas durante la conciliación, tras un acuerdo entre las partes en sede judicial justo antes de la celebración de la vista.

La leve mejoría económica y el descenso de las empresas que se encuentran en graves dificultades hace que el gasto anual de los empresarios en despidos resueltos por vía judicial se encuentre actualmente en tendencia descendente. Las firmas asentadas en Galicia desembolsaron el año pasado 53,5 millones de euros (30 millones tras sentencia y 23,5 tras conciliación) en indemnizaciones por despido resueltas en los juzgados a más de 4.800 trabajadores, una cuantía un 21% inferior a la abonada el año anterior (68,2 millones) a 6.085 trabajadores. La caída es muy superior comparada con un año antes, en 2013, en el que los pagos de las empresas tras sentencias o conciliaciones en sede judicial marcaron máximos en Galicia: 96,9 millones de euros. En ese ejercicio la cantidad se repartió casi a partes iguales entre fallos judiciales (48,9 millones) y acuerdos previos a la celebración de la vista (47,9 millones).

Los 96,9 millones alcanzados en 2013 fueron el culmen de una tendencia ascendente iniciada años atrás. En 2010 (primer año del que ofrece datos el Ministerio de Empleo y Seguridad Social) los despidos resueltos en los juzgados costaron a las empresas de la comunidad gallega 51,4 millones de euros, una cifra que subió a los 63,5 millones al año siguiente y a los 71,6 millones en 2012, justo antes de marcar los máximos del ejercicio 2013, con esos 96,9 millones de euros.

Por provincias, A Coruña es la gallega que registró un mayor desembolso por parte de las empresas para afrontar las cantidades establecidas en sentencia judicial o mediante conciliación durante el pasado ejercicio, con algo más de 18 millones de euros. Justo a continuación aparece Pontevedra, con 16,7 millones de euros, seguida de Lugo (8,4) y Ourense (5,5 millones). Estas cantidades fueron a parar a 2.234 trabajadores en el caso de la provincia coruñesa, a 1.559 en Pontevedra, 575 en Lugo y 434 en Ourense. La cuantía media más alta corresponde a Lugo, con 14.680 euros de media por trabajador, y la más baja a A Coruña, con 8.147 euros por empleado.

Las cifras en el conjunto del Estado son aún más llamativas, con un gasto solo en 2015 de 1.129 millones de euros, con 504 millones desembolsados por las empresas tras sentencia judicial y 624 tras alcanzar las partes un acuerdo de conformidad. De estas resoluciones judiciales se beneficiaron un total de 91.298 trabajadores.

El coste para las empresas españolas asciende en los últimos seis años, entre 2010 y 2015, a 7.100 millones de euros, que fueron a parar a un total de 546.282 trabajadores, con una media de casi 13.000 euros percibidos por cada empleado afectado.

Al igual que en el caso de Galicia, el gasto en España ascendió año a año (de los 935 millones de 2010 a los 1.044 de 2011, de ahí a los 1.219 de 2012) hasta marcar máximos en 2013, con 1.445 millones. A partir de ese año comenzó la tendencia descendente, con 1.328 millones desembolsados por las empresas en 2014 y los 1.129 del pasado ejercicio.

Por comunidades, las primeras posiciones suelen estar ocupadas por Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Solo el año pasado, las empresas asentadas en Madrid desembolsaron 269 millones por despidos resueltos en sede judicial, frente a los 209,5 de Cataluña, los 151,8 de Andalucía y los 116,5 de Comunidad Valenciana. En el lado contrario, con el menor gasto en 2015, aparecen La Rioja y Navarra, con algo menos de 4,7 millones cada una, Cantabria, con 14 millones, y Extremadura, con 15,4 millones de euros.