El Pleno del Congreso aprobó el martes con el voto en contra del PP, una proposición no de ley que insta al Gobierno en funciones a aprobar un decreto ley para actualizar las pensiones y los sueldos de los empleados públicos en 2017. El Ejecutivo planea incluir esta medida dentro del real decreto ley que tiene que por orden de Bruselas aprobar antes del 15 de octubre -y al que muy posiblemente dé luz verde el próximo viernes- para elevar el tipo mínimo del pago a cuenta del impuesto sobre Sociedades para incrementar los ingresos en 6.000 millones antes de fin de año y cumplir con el déficit.

La iniciativa, con origen en un texto del Grupo Socialista, fue pactada con Unidos-Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Convergència, y sólo contó con la oposición del grupo mayoritario. La petición establece además la recuperación de "parte del poder adquisitivo perdido" y acuerde convocar "de forma urgente" a la mesa de negociación de la función pública.