El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó en 2011 el Impuesto del Patrimonio para combatir los duros efectos de la crisis sobre las arcas públicas. Afectaría a los contribuyentes que superasen los 700.000 euros en propiedades y, en principio, solo se pagaría ese ejercicio y el siguiente, en 2012. El Ejecutivo de Rajoy optó por mantenerlo para mejorar los ingresos de las comunidades -es un gravamen estatal, pero la recaudación va íntegra para las autonomías-, hasta este ejercicio. Lo que ocurrirá a partir de ahora es una incógnita. De no tomarse ninguna decisión, el tributo a las grandes fortunas volverá a dormir y, según los técnicos de Hacienda (Gestha), implicará que las comunidades podrían perder cerca de 1.000 millones de euros, una situación que "lastrará las ya dañadas arcas públicas regionales", que registraron un déficit del 1,66% el año pasado.
Sólo Madrid lo tiene bonificado al 100%. No se paga. Galicia, sin embargo, es uno de los territorios que más provecho le saca por el volumen de patrimonio que manejan los 7.000 declarantes. En 2014, el último ejercicio de datos públicos por parte de la Agencia Tributaria, aportó a la Xunta casi 66 millones de euros. Gestha considera que, al no haberse anunciado esa prórroga ayer, la posibilidad en esta legislatura de convalidar un decreto ley que prolongue el impuesto se agota este año, de modo que quedaría suspendido, aunque un nuevo gobierno podría instaurarlo en 2017.
