El incremento del tipo mínimo en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades del 12% al 23% para empresas que facturen más de 10 millones de euros al año ya está en vigor. A finales de este mes, del de diciembre y de abril unas 9.000 empresas españolas tendrán que abonar el 23% -el 25% si son bancos o petroleras- de su beneficio contable a la Agencia Tributaria (AEAT). De ellas, casi el 9% -775- son gallegas, según el censo de empresas recogido en el informe Ardán 2016 (elaborado por el consorcio Zona Franca de Vigo con datos de 2014).
Los pagos fraccionados funcionan como un adelanto a cuenta; una especie de crédito que las firmas se ven obligadas a conceder al Gobierno para cuadrar el déficit pero que luego podría verse compensado cuando éstas presenten la liquidación anual de la tasa, en julio del año que viene.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley con esta modificación que anunció en julio como una de las medidas prometidas a la Comisión Europea para cumplir con el objetivo de reducción del déficit (al 4,6%) y evitar así una multa de Bruselas. El Estado prevé ingresar 8.300 millones de euros.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, admitió ayer que el Gobierno no prevé que estos tipos tengan "plazo de caducidad", por lo que estarán vigentes hasta que el déficit público español baje del 3%, con lo que, precisó: "hay que mirar hacia 2018", cuando el Gobierno prevé un descuadre del 2,2%. Se pagarán durante tres ejercicios, frente a los dos que lleva en aplicación la rebaja fiscal del impuesto de Sociedades del 30% al 25%. El objetivo de Hacienda es que el impuesto vuelva a recaudar unos 20.000 millones al año, como en ejercicios anteriores.
El pago fraccionado mínimo será del 25% del resultado contable positivo para las empresas que todavía pagan un tipo general del 30% -los bancos y las firmas dedicadas a exploración de yacimientos de hidrocarburos-. El real decreto modifica también el cálculo del pago, con lo que en lugar del 17% de la base imponible que abonaban hasta ahora, las empresas pagarán el 24%.
El Gobierno exime del cambio a las rentas derivadas de operaciones de quita, como consecuencia de un acuerdo de acreedores o las entidades sin ánimo de lucro.
Montoro negó ayer en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros que lo aprobado sea una subida del impuesto, dado que los pagos se compensarán con la declaración anual. "Es un anticipo a cuenta, como hacemos las personas físicas en el IRPF y a las que tres de cada cuatro les resulta a devolver", arguyó. Defendió que irá "en beneficio" de las empresas y matizó que lo que hace el Gobierno es "restablecer" el sistema de pagos fraccionados que estuvo en vigor desde 2012 a 2015 y que se suprimió ese año para fijarlo en un 12% del beneficio para empresas con más de 20 millones de facturación, el segmento para el que inicialmente se había anunciado también esta reforma. Ahora, las afectadas son el doble. "Si fuéramos sobrados no lo haríamos, lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer", añadió el ministro que luego, en un corrillo informal con periodistas, admitió que su departamento se pasó "de frenada en la bajada" del impuesto sobre Sociedades, aprobado en 2014 con el objetivo de "disminuir los impuestos a la ciudadanía".
Montoro justificó además que España "no se puede permitir" una caída del Impuesto sobre Sociedades, por lo que el real decreto ley entrará en vigor inmediatamente. De hecho, el Gobierno publicó ayer por la tarde un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario para detallar la aplicación de esta medida antes del 1 de octubre. El real decreto ley tendrá sin embargo que ser convalidado por las Cortes para lo que, según Montoro, el Gobierno se puso en contacto con todos los grupos en orden a garantizar su apoyo. "Tenemos confianza de que va a ser aprobado y tendremos mayoría más que suficiente en los grupos políticos, hemos encontrado buena recepción, también de los mayoritarios, en el sentido de entender que es necesario", apostilló. El Partido Demócrata Catalán y Ciudadanos han adelantado su respaldo, al igual que PNV, que sin embargo explicó que lo hace por responsabilidad en la lucha contra el déficit, aunque criticó que el Gobierno no se lo diera a conocer antes, en esa supuesta ronda de contactos, sobre todo por la repercusión que en este caso tendrá sobre la Hacienda Foral.
Para la patronal CEOE la medida es desproporcionada y excesiva, y podría afectar a la capacidad de inversión, a la solvencia y a la competitividad de las empresas. La organización empresarial advirtió de hecho que los adelantos pueden crear "tensiones de tesorería".
El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calificó la reforma de "nuevo vaivén" de la política fiscal del Gobierno y una "patada hacia delante", ya que apenas un año de suprimirse, se recupera el pago mínimo adelantado. Gestha critica que no se aborde en profundidad la crisis recaudatoria y la necesidad de una reforma fiscal integral que combata el fraude y la elusión fiscal.
