El Gobierno es consciente, como reconoció el viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que se pasó "de frenada" con la rebaja del Impuesto sobre Sociedades, lo que le obligó a aprobar un real decreto ley para incrementar el tipo mínimo de los pagos fraccionados de ese tributo. Una medida criticada por Gestha pero también por las organizaciones empresariales como la Confederación de Empresarios de A Coruña.
Los pagos fraccionados son una suerte de abonos o adelantos de la liquidación anual del Impuesto sobre Sociedades que las empresas tienen que hacer el 25 de julio. Esos pagos fraccionados -se abonan en abril, octubre y diciembre- permiten a las empresas distribuir el pago del impuesto sobre sus beneficios a lo largo del año y al Gobierno generar ingresos. El Consejo de Ministros aprobó el viernes elevarlo del 12% en que estaba vigente al 23% -el 25% para bancos y firmas de hidrocarburos- para las empresas que facturan más de 10 millones de euros al año. El Gobierno aprobó la medida para esquivar una multa de la Comisión Europea por superar el límite de déficit y cuadrar las cuentas de este año con un ingreso extra de 8.300 millones.
El presidente de los empresarios coruñeses, Antonio Fontenla, se une al sector crítico y en declaraciones a este diario advirtió de que el alza supondría "un problema importante para las empresas de nuestro entorno" que, recordó, "se verían obligadas adelantar el pago de una carga fiscal que se decreta en virtud de una actividad económica todavía no ejecutada". Fontenla explica que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor carga impositiva y que imputar sobre las empresas la respuesta a la multa por déficit excesivo impuesta por la UE es un "problema añadido a la maltrecha economía del conjunto de nuestras empresas", que se encuentran en inferioridad respecto a las de los países del entorno.
