El exministro de Economía y Hacienda Rodrigo Rato proclamó ayer ante la Audiencia Nacional la legalidad y legitimidad de los cobros que por un importe de 99.054 euros percibió entre enero de 2010 y mayo de 2012 con cargo a Caja Madrid y Bankia, mientras fue presidente de ambas entidades, mediante el uso de una tarjeta de empresa supuestamente opaca al Fisco y que fue utilizada para extracciones en cajeros de la entidad y para el pago de gastos particulares.

Rato, que es uno de los 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia procesados en este caso, sostuvo que las cantidades que cargó a las dos entidades financieras formaban parte de su remuneración y no de un cobro adicional. Las tarjetas, dijo, no eran una retribución oculta adicional sino el medio de pago de "una retribución ya devengada y a la que tenía derecho".

Rato afronta una petición de pena de 4,5 años de prisión, una indemnización de 2,69 millones y una multa de 109.500 euros por dos supuestos delitos de apropiación indebida y de administración desleal. La acusación reclama un total de 180 años de prisión para los 65 procesados, quienes, en conjunto, cargaron a sus tarjetas gastos por 15,5 millones entre 1999 y 2012, aunque sólo se les juzga por 12 millones, al considerarse que los 3,5 millones restantes ya han prescrito.

La revelación periodística de la existencia de un sistema de pagos mediante tarjetas no declaradas a la Agencia Tributaria causó una gran conmoción al tratarse de un grupo cuyo rescate financiero y saneamiento costó a los españoles 22.000 millones en ayuda públicas además de pérdidas millonarias a los ahorradores que invirtieron en participaciones preferentes de Caja Madrid y en acciones de Bankia.

Rato, exdirector gerente del FMI, y que tiene pendientes otros cuatro procesos judiciales (tres de ellos, también vinculados con su gestión en Caja Madrid y Bankia), sostuvo que las tarjetas eran "legales, transparentes y conocidas" y que constituían un mero medio para disponer y hacer efectiva su remuneración. Su utilización, dijo, "estaba dentro de mis posibilidades y de mi derecho". Y agregó sobre los cargos realizados: "Formaban parte de mi retribución y estaba reflejados en mi contrato". Sin embargo, una vez que estalló el escándalo, Rato devolvió el dinero percibido con las tarjetas.

El fiscal trató de evidenciar que se trataba de un pago subrepticio, adicional a la remuneración y oculto, y lo fundamentó en que algunos beneficiarios percibieron por esta vía cuantías superiores a las declaradas por la entidad y que otros, caso de Rato, no cargaban la misma cuantía mensual. "Pudo haber variaciones pequeñas", alegó el exministro. Al igual que Blesa el viernes, Rato alegó que las dos entidades financieras fueron objeto de supervisiones fiscales y del Banco de España sin que advirtieran irregularidad en la cuenta en la que se reflejaban los cargos. Las acusaciones consideran que los pagos millonarios a directivos y consejeros no eran fácilmente detectables porque no figuraban en una cuenta específica, sino en una genérica para pérdidas y deterioros de la entidad por operaciones fallidas. El fiscal cuestionó que esa cuenta hubiese sido inspeccionada por Hacienda. Rato, que era presidente ejecutivo, afirmó: "Nunca supe donde se contabilizaban los cargos. Eso lo hacía el departamento de contabilidad".

Rato declaró que el procedimiento de remuneración por el que se le juzga era "homologable con las prácticas del sector, en el que también existen incentivos y dietas", aunque admitió al fiscal: "Yo no puedo asegurar que otras entidades tuviesen tarjetas. Pero tanto si son tarjetas, transferencias o cheques, se trata de medios de pago". Este criterio contrasta con una declaración, meses atrás, del ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, quien aseguró que nunca utilizó su tarjeta porque este procedimiento de remuneración jamás lo había visto ante en el sector financiero. Verdú declarará como testigo.

El exministro de Hacienda y de Economía del PP con Aznar alegó que "no tuvo elementos" de juicio "para creer" que los pagos "no fuesen razonables" porque "de hecho", precisó, "sí lo eran". Y añadió: "Tampoco nadie me dijo" que las tarjetas "tuviesen problemas legales, fiscales o regulatorios". Y argumentó que la actual Bankia, tras calificar de irregulares los pagos, declaró los de 2011 y 2012 como gastos deducibles al Fisco: "Si fuesen irregulares, no serían deducibles", indicó. Rato atribuyó al comité de Retribuciones del banco la decisión sobre la cuantías con las que estaban dotadas las tarjetas.