Estanislao Rodríguez-Ponga y José Manuel Fernández Norniella, dos exsecretarios de Estado en los Gobiernos de Aznar que están procesados, junto a otros 63 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia, en el caso de las tarjetas opacas al Fisco, defendieron ayer ante la Audiencia Nacional la legalidad de los gastos privados realizados con esos medios de pago.

Rodríguez-Ponga (ex secretario de Estado de Hacienda), para quien la Fiscalía reclama cuatro años de prisión y una multa de 81.000 euros por haber realizado pagos por 255.400 euros, sostuvo, como el exministro y expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otros procesados, que la tarjeta era "un instrumento de movilización de una remuneración" y que como tal "remuneración" se la podía "gastar en lo que creyese conveniente".

Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda y exasesor fiscal de Caja Madrid antes de convertirse en consejero y titular de una de las tarjetas de la controversia, sostuvo que las tarjetas y la cuenta de Bankia en la que se hacían los cargos eran conocidos por la Inspección de Hacienda. Además, admitió haber hecho compras y pagos en hoteles y restaurantes con la tarjeta pero no admitió ni desmintió las fechas, cuantías y operaciones que figuran en el listado que la actual Bankia facilitó a su accionista (el fondo estatal FROB) y éste a la Fiscalía. El fiscal trató de combatir la tesis de que el dinero fuese parte de la remuneración porque los límites bajaron en algunos ejercicios respecto al año precedente. "¿Le habían bajado a usted la retribución y luego se le volvieron a subir?", preguntó.

Ponga mantuvo que a final de cada año pedía el remanente para gastarlo, dado que, en caso contrario, lo perdía al vencer el ejercicio aunque el dinero era suyo.

Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Comercio y persona de la máxima confianza de Rato desde hace decenios, se mostró muy afectado y la voz se le quebró dos veces. Aunque admitió tener "dudas al principio", expresó su "sorpresa" de que se haya desencadenado el escándalo por unas tarjetas que existieron durante décadas y que eran, dijo, una forma de "remuneración". En 2014, "dos años después" de causar baja en Bankia, "aparezco como un delincuente", "humillado en el juzgado, denigrado y en medio de un maremágnum", señaló. A diferencia de otros procesados, Norniella sostuvo que a él nadie le dijo que la tarjeta tuviese límites de disponibilidad de dinero. "No me pusieron límite porque lo que gastaba, lo gastaba de mi salario", afirmó. Norniella gastó 185.666 euros, que devolvió junto con una indemnización que recibió por más de 200.000 euros. La Fiscalía pide para él tres años de prisión y una multa de 73.000 euros.