El futuro de la fábrica coruñesa de Alcoa, que da empleo a 400 personas, vuelve a estar otro otoño más en la cuerda floja por culpa de la incertidumbre que ha generado el anuncio, ayer, de la convocatoria de la subasta de interrumpibilidad eléctrica para 2017, un proceso que permite a las industrias con alto consumo de luz -en Galicia Alcoa, Megasa, Celsa o Ferroatlántica, entre otras- obtener unas retribuciones millonarias que en el caso de la multinacional del aluminio son cruciales para garantizar la continuidad productiva.

El Ministerio de Industria en funciones, que el año pasado desembolsó 503 millones de euros para financiar el sistema nacional de interrumpibilidad (el que garantiza mediante la desconexión de las fábricas que haya disponibilidad de electricidad en la red general en caso de emergencia), ha decidido recortar este año el dinero asignado a la subasta un 16%, de modo que las empresas en liza tendrán aún más difícil conseguir las ayudas necesarias.

Según los términos de la subasta de la interrumpibilidad eléctrica que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Industria asigna una partida inicial de 570,4 millones a la bolsa de dinero a repartir entre las empresas que compitan en la puja, a celebrar del 14 al 18 de noviembre. El año pasado esa cifra ascendió a 678,8 millones, si bien tras la subasta (que se celebra a la baja) el operador del sistema eléctrico sólo se vio obligado a pagar a las industrias 503 millones, cinco menos que en 2014. De mantenerse la proporción, las empresas se embolsarán este año 416,5 millones; y siendo las mismas a repartir es fácil deducir que Alcoa, la que más aprietos pasa todos los años por hacerse con lotes energéticos en la subasta, puede quedar en una situación crítica.

Lo que permaneces invariable es la cantidad de "energía interrumpible" que Industria saca a subasta: serán entre 286 y 394 lotes de 5 megavatios (MW) y entre 7 y 13 de 90 MW. El número exacto de los lotes se conocerá en una semana, después de que las empresas interesadas en los mismos formalicen sus necesidades y se establezca la condición de competencia; esto es, ajustar el número de lotes a subastar por debajo del número de los ofertados para así estimular a los pujadores (las industrias) a bajar el precio. El año pasado sólo salieron a subasta ocho lotes de 90 MW para unas necesidades globales de la industria de once. Sólo Alcoa, con tres centros productivos en España -A Coruña, que necesita uno, Avilés (Asturias), que precisa otro y San Cibrao (Cervo, Lugo), que aspira a cuatro- es capaz de absorber seis de los lotes.

Esa rebaja en los fondos destinados a la interrumpibilidad se suma a la rebaja del precio de salida de los bloques en liza, para rebajar aún más el dinero a desembolsar. El precio de salida de los bloques de 5 MW será de 160.000 euros, frente a los 200.000 del año pasado, lo que supone un descenso del 20%, mientras que en los paquetes de 90 MW baja un 9%, desde los 340.000 euros de salida de 2015 a los 310.000 euros del presente ejercicio. Esta rebaja mete más presión a empresas como Alcoa a la hora de lograr los bloques de 90 MW, porque si no logra todo lo que precisa y tiene que recurrir a la subasta de 5 MW es muy probable que la retribución sea inferior a la obtenida para este año.

La aluminera estadounidense ya amenazó con cerrar la planta coruñesa -y la de Avilés- en 2014 y el año pasado aseguró que los incentivos logrados complicaban su viabilidad, por lo que ya estudia la posible venta o el cierre por si lo logrado en la subasta es insuficiente para que el negocio sea rentable.

El presidente del comité de empresa de la fábrica de A Grela, Juan Carlos López Corbacho, se mostró ayer cauto tras conocer la publicación de la convocatoria y las nuevas condiciones. Pese a la rebaja de los precios de partida, sostuvo que el resultado en la subasta dependerá en buena medida de la estrategia de la empresa a la hora de pujar, especialmente por los lotes de 90 MW. Con lo que sí se mostró muy crítico es con la tardanza del Gobierno en funciones en convocar el proceso de reparto de los incentivos. "O estuvieron esperando para solucionar los desastres del año pasado o no entendemos la tardanza. El Ejecutivo lleva en funciones casi un año, así que el retraso es lamentable", lamentó López Corbacho. "Debía ser todo más ágil porque nuestros clientes no pueden estar a estar alturas sin saber qué va a ser de la fábrica a principios del año que viene", añadió. El portavoz de la plantilla coruñesa espera que el reparto de los bloques grandes permita a todas las empresas lograr las ayudas necesarias para que no haya cierres ni despidos en la industria.