Hasta cuatro correos electrónicos que remitió en 2011 el inspector del Banco de España José Antonio Casaus a su superior ya cuestionaban la viabilidad de la entidad nacionalizada por sus "muy graves y crecientes problemas de rentabilidad" y advertían sobre las consecuencias de la salida a Bolsa, que se produjo apenas dos meses después de esas conclusiones. Son cuatro correspondencias que emite Casaus a Pedro Comín, director general adjunto de supervisión del Banco de España, en las que se refiere a la "débil capacidad" de crear recursos del Grupo Bankia y advierte claramente de que la operación bursátil sin las reformas pertinentes no funcionaría y crearía "quebranto" al contribuyente.

Las notificaciones, del 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo y que habían permanecido ocultas hasta el momento, se adhieren a la causa que instruye el titular del juzgado de Instrucción número 4, Fernando Andreu, a petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación en la causa que instruye la Audiencia desde 2012. "Solo es una bombona de oxígeno que permitirá cumplir temporalmente con los nuevos requisitos de solvencia. Terminará en el medio plazo con la venta a bajo precio del banco cotizado, pues no generará beneficios recurrentes, y con el Estado nacionalizando BFA supondrá un quebranto para los contribuyentes", explica en uno de los correos.

El inspector plasma sus conclusiones en un informe en el que alude al perfil "marcadamente político" del Gobierno interino del grupo BFA-Bankia, "claramente mejorable" y que integran gestores "desacreditados ante el mercado". Cuestiona su "honradez" por adjudicarse un bonus en 2009 "superior al que le correspondía".