El Gobierno en funciones ha comunicado a la Comisión Europea que las pensiones subirán el próximo año el 0,25%, el mínimo legal que establece el mecanismo de revalorización que se aplica desde 2014. Haya o no investidura de Mariano Rajoy como presidente de un nuevo ejecutivo, el actual trabaja con esa previsión y no considera la propuesta lanzada por los sindicatos y apoyada por una mayoría del Congreso (toda la cámara, salvo PP y Ciudadanos) para que las prestaciones se incrementen en línea con la inflación, ante la expectativa de que, de otro modo, los pensionistas españoles perderán poder adquisitivo en 2017.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la documentación presupuestaria que remitirá para satisfacer los requerimientos de Bruselas. Ante la imposibilidad legal de elaborar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado por la situación interina del Gobierno, España envía una prórroga de las cuentas de 2016, adaptadas a las previsiones económicas de 2017 (2,3% de crecimiento del PIB y descenso de la tasa del paro al 16,6% a fines de año).

Si bien la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, no desveló los detalles, trascendió que en esos documentos se concretan, entre otros, dos aspectos relevantes: de una parte, que la subida programada para las pensiones será por cuarto año del 0,25%; de otra, que el déficit esperado para 2017 ascenderá al 3,6% del PIB, cinco décimas por encima del límite marcado por la UE.

ELas pensiones. La subida del 0,25%, la mínima prevista por la ley, resulta de aplicar el procedimiento que desde 2014 sustituyó a la revalorización automática según el Índice de Precios al Consumo (IPC). El nuevo mecanismo tiene en cuenta la situación de las cuentas de la Seguridad Social, que está en números rojos -el déficit del sistema rondará los 16.000 millones a fines de 2016- a pesar del crecimiento de la actividad y del empleo.

Un incremento así supone que, como promedio, los 755.000 pensionistas gallegos cobrarán 1,91 euros más al mes desde enero. Ese cálculo está realizado a partir de la prestación contributiva media (765,07 euros el pasado septiembre). La ausencia de Gobierno con plenas funciones ha abierto interrogantes jurídicos sobre la actualización de las pensiones. No obstante, Sáenz de Santamaría dio a entender que, al contrario de lo manifestado semanas atrás, existen cauces legales para aprobarla tanto para la hipótesis de que Mariano Rajoy sea investido al frente de un nuevo Gobierno en las próximas semanas como para el supuesto contrario.

El Ejecutivo no se plantea aceptar la propuesta mayoritaria de la oposición de aparcar el mecanismo de revalorización actual y subir las pensiones el 1,2% en 2017, en línea con la inflación. Tiene capacidad legal para no considerar la petición y piensa ejercerla, según varios medios. La vicepresidenta remarcó ayer que, pese a las mínimas subidas de estos años, los pensionistas han ganado poder adquisitivo al ser la inflación negativa.

ELos ajustes. El presupuesto prorrogado que se envía a Bruselas estima un desfase de cinco décimas en el déficit (3,6%, frente al 3,1% comprometido). Esto supone que al próximo Gobierno le corresponderá hacer ajustes adicionales (recortes de gastos o aumentos de ingresos) por unos 5.500 millones. Sáenz de Santamaría remarcó que la decisión sobre ese nuevo paquete de políticas de austeridad será tarea del siguiente Ejecutivo.