La situación de las seis centrales de los ríos Xallas y Grande es singular y única en España. Sus concesiones datan de los años ochenta y entonces ya fueron declaradas de interés público; lo que permitió la expropiación de terrenos de vecinos de la zona para que Carburos Metálicos levantase allí sus complejos y garantizase el empleo de 500 trabajadores. Alfonso Mouzo recuerda que en 1992 el grupo que preside Juan Miguel Villar Mir compró toda la unidad productiva con las condiciones de las concesiones de las centrales, pero pronto empezó a pleitear contra la Xunta para lograr desvincular ambas actividades.

El TSXG falló en su contra en 1996 en una sentencia que reconocía las condiciones de la concesión otorgada por la Xunta que luego fue confirmada por el Supremo. De hecho, las fábricas y las centrales constituyen una sola empresa con un único CIF y una plantilla unificada. Directamente en las centrales trabajan sólo unos 40 trabajadores. "En el país de los mil ríos, todos desembocan financieramente en Madrid, Barcelona o País Vasco", se queja el representante sindical

Los empleados sostienen que ninguna de las otras centrales que el grupo tiene en España está limitada como las gallegas y teme que la Xunta decida modificar las concesiones, lo que cerraría incluso la vía judicial. El Parlamento gallego ya aprobó la pasada primavera a iniciativa del BNG una resolución contra la segregación de actividades. "Llevamos meses con la mosca tras la oreja", explica Mouzo. Precisamente estas suspicacias de la CIG despertaron las críticas de UGT y CCOO, que calificaron sus avisos de alarmistas.