El Gobierno prevé aprobar mañana un conjunto de medidas que enviará a Bruselas para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% del PIB para 2017. Las medidas supondrán un incremento en la recaudación de entre 6.000 y 8.000 millones de euros y entrarán en vigor en enero. Entre ellas estarán la supresión de deducciones en el impuesto de Sociedades para las empresas que facturan más de 60 millones y un plan contra el fraude en el IVA con la prohibición de pagos en efectivo superiores a los 1.000 euros (hasta ahora se permitían de hasta 2.500 euros), limitación de los aplazamientos en el pago de impuestos de las grandes empresas y obligación a estas sociedades de comunicar electrónicamente a Hacienda en un plazo máximo de cuatro días los detalles de sus operaciones.

La intención del Gobierno es implantar el próximo año el conocido como Suministro Inmediato de Información (SII), que consiste en el envío electrónico en tiempo real de todas las operaciones que deben figurar en los libros de registros del IVA de las empresas. El sistema fue ideado por el anterior Gobierno, con la intención de que entrara en vigor el año que viene, pero posteriormente se retrasó su puesta en marcha por la interinidad del Ejecutivo y ahora vuelve a retomarse con las mismas fechas previstas inicialmente.

Con la entrada en vigor del plan, las empresas deberán remitir electrónicamente en un plazo máximo de cuatro días todos los detalles de sus operaciones (facturas y tiques expedidos y recibidos) que deben anotar en sus libros de registro del IVA (no la factura propiamente dicha), con el importe total de la operación, tipo de factura, identificación fiscal, objeto y destinatario.

De esta forma la Agencia Tributaria, mediante el análisis y cruce de toda esa información, reducirá notablemente el fraude fiscal, una de las lacras del sistema tributario español, y la economía sumergida, especialmente en el IVA, donde son habituales las facturas falsas.

Además de la limitación del pago en efectivo y del nuevo sistema de envío automático de facturas para las grandes empresas, el Gobierno también incluyó en las medidas antifraude una mayor limitación de los aplazamientos de pago en el IVA y el Impuesto sobre Sociedades porque considera que, en un momento de bajísimos tipos de interés, las empresas no deben financiarse a costa del erario público.

El Consejo de Ministros de mañana también dará el visto bueno al techo de gasto para el próximo año, así como al objetivo de déficit para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. El Ejecutivo está negociando a contra reloj con los grupos parlamentarios el techo de gasto, que Hacienda propuso que sea similar al de 2016: 118.000 millones de euros, 5.000 millones menos que el presupuestado para el presente ejercicio. También negocia las medidas fiscales necesarias para aumentar los ingresos y cumplir el objetivo de déficit fiscal.

La previsión de Hacienda es que los ingresos del Estado aumenten en 2017 unos 7.000 millones por el crecimiento de la economía. A ello se añadirían entre 6.000 y 8.000 millones más que se ingresarán por las medidas que prevé adoptar el Gobierno para incrementar la recaudación, como la supresión de bonificaciones en el impuesto de sociedades, subidas en impuestos especiales (alcohol y tabaco, pero no al combustible), creación de una tasa a las bebidas refrescantes carbonatadas y aumento de la recaudación por cuotas a la Seguridad Social.

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aprobó la decisión del Gobierno de limitar el pago en efectivo a los 1.000 euros al entender que aunque no eliminará la economía sumergida y el fraude del IVA sí ayudará a "dificultar" estas prácticas fraudulentas. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, celebró la medida, una reivindicación que el sindicato venía realizando desde el año 2004.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, también anunció ayer que su departamento va a coordinar la implantación de un nuevo plan de impulso y transformación de la Administración Pública para 2017-2019, que implicará un ahorro de 900 millones de euros durante el próximo año. En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Montoro indicó que esta iniciativa dará continuidad al plan CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) en los ejes de reforma de gobernanza pública, nuevas tecnologías, empleo público y racionalización de las estructuras del sector público.

Montoro subrayó que este nuevo plan demuestra que los proyectos de reforma de la Administración no se agotan con los realizados en la anterior legislatura.