El Gobierno prevé recaudar 300 millones euros con el impuesto a las bebidas azucaradas y cerca de 200 con la subida fiscal de algunos alcoholes y tabaco, subidas de impuestos indirectos que entrarán probablemente en vigor el año que viene. Se calcula que el Estado recauda cada año alrededor de 10.000 millones de euros por esta vía.

Pero, ¿qué legislación impositiva rige en estos productos y cómo afecta a quienes los consumen?

En el caso de las bebidas alcohólicas, se calcula que alrededor del 40% de su valor se destina a distintos impuestos que recauda Hacienda a través de la Ley de Impuestos Especiales. No obstante, este tipo máximo se aplica a bebidas de alta graduación, mientras que el que tiene que ver con cerveza y vino, por ejemplo, son sensiblemente más bajos. Es precisamente en este campo, el de los alcoholes con más graduación, donde el Gobierno desea actuar.

En lo que concierne al tabaco, la carga de impuestos se incrementa, aproximadamente hasta casi el 85% de lo que se paga por paquete de cigarros o de tabaco para liar.

Junto con estas medidas, el Gobierno quiere aprobar en Consejo de Ministros irá un plan de lucha contra el fraude fiscal que prohibirá los pagos en efectivo de más de 1.000 euros, así como la entrega a Hacienda en tiempo real de las facturas que emitan las empresas.

Productores, hosteleros y distribuidores se oponen

Asociaciones de fabricantes de alimentos y bebidas, hosteleros, distribución, estanqueros y cooperativas han rechazado las medidas fiscales que aprobará mañana el Gobierno, que incluyen subidas de impuestos al alcohol y al tabaco, así como un nuevo gravamen para las bebidas carbonatadas.

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) ha manifestado en un comunicado su "total disconformidad" con el establecimiento de un impuesto a las bebidas azucaradas, por considerarlo "injusto y discriminatorio" y porque se gravará a un producto "por tener un ingrediente, pero no al ingrediente en sí".

Por otro lado, representantes de la cadena agroalimentaria (agricultura, industria y distribución) y hostelería, han firmado otra declaración en la que han mostrado su rechazo a una nueva "subida sobre el IVA o sobre impuestos especiales a la actividad o determinados bienes de consumo".

Nueve organizaciones han suscrito el texto que incide en que ese incremento de impuestos "penaliza las economías domésticas y contrae la demanda, con el consecuente impacto sobre el empleo y la actividad empresarial".

El documento está firmado por la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged).

También lo han apoyado Promarca, la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), Marcas de Restauración y Cooperativas Agroalimentarias de España.

Las organizaciones han apuntado que ya en otras ocasiones se ha visto cómo "un incremento de la presión fiscal en los bienes de consumo es muy negativo en el nivel de renta y poder adquisitivo del ciudadano, así como en el sector turístico".

En su lugar, han instado al Ejecutivo a adoptar otro tipo de medidas, como "una lucha más decidida contra el fraude fiscal y la economía sumergida".