Bruselas quiere ser ejemplar en la resolución del escándalo del conocido como dieselgate. La Comisión Europea (CE) inició ayer un procedimiento de infracción contra España y otros seis países por no haber sancionado el uso de dispositivos fraudulentos para manipular la medición emisiones contaminantes (NOx) en los motores diésel del grupo alemán Volkswagen. El expediente afecta principalmente a España, Alemania, Luxemburgo y Reino Unido, países que expiden la homologaciones del consorcio en la UE, por no aplicar sus disposiciones nacionales en materia de sanciones a pesar de la utilización de dispositivos de manipulación. Además, la CE ha abierto expediente contra República Checa, Lituania y Grecia por no haber incorporado los sistemas de sanciones que exige la normativa comunitaria a su legislación nacional.

Bruselas actúa contra estos siete países por haber ignorado la norma europea que les exige disponer de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias para evitar que los fabricantes de automóviles infrinjan la ley. Estas sanciones deberán aplicarse en caso de que se produzca una infracción de la ley, por ejemplo mediante el uso de dispositivos de desactivación que reduzcan la efectividad de los sistemas de control de las emisiones. La comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, recordó que los fabricantes deben plegarse a las normativas, y los países "garantizar que los fabricantes de automóviles cumplan efectivamente con la ley".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presente ayer en Bruselas por una reunión de ministros europeos, explicó que el Gobierno no tiene aún "constancia material" de la decisión de la Comisión, pero que la estudiarán cuando sea notificada y responderán con la información de las medidas que se han tomado contra el fraude. Catalá recordó que el Ministerio de Industria ya inició un expediente informativo sobre la actividad de Seat, la filial española del grupo alemán, y que dicho procedimiento podría "derivar en sanciones" si se detectan irregularidades. "No conozco el estado del expediente, pero sí me consta que así se hizo e informaremos de lo que se ha hecho y de las medidas que se pueden adoptar", zanjó.

Fuentes del Gobierno español aclararon que ese expediente, iniciado cuando estalló el escándalo de los dispositivos fraudulentos, está "en suspenso", por las denuncias presentadas por la vía penal por Manos Limpias y por una asociación de usuarios afectados, ya que deben ser resueltas en la Audiencia Nacional antes de continuar con el expediente administrativo.

El anuncio de la CE fue celebrado por la organización europea de consumidores, BEUC, que criticó que las capitales señaladas hayan optado por "proteger a la industria a expensas de los consumidores". En la misma línea, el centro de estudios Transport & Environment, que cifra en "más de 29 millones de coches diésel" los automóviles afectados en Europa, pidió a los reguladores que coloquen "la salud de los ciudadanos por encima de los motores". El Gobierno alemán ya rechazó ayer las acusaciones de negligencia de la Comisión Europea.