El bono social con el que las eléctricas que operan a la vez como productoras, distribuidoras y vendedoras subvencionaban, un 25%, el recibo de los clientes con bajos ingresos es papel mojado desde que el pasado mes de octubre el Supremo lo tumbó por discriminatorio. En dos sentencias, que reconocen el derecho de indemnización a las empresas afectadas, el alto tribunal se inspira en la normativa comunitaria y cuestiona porque ellas sí pagan y otras compañías presentes en la cadena del sector no lo hacen. Así que el Gobierno trabaja ya en otro modelo que podría dejar el gasto únicamente entre las firmas comercializadoras y al que el ministro de Energía quiere sumar la los costes que comunidades y ayuntamientos arrastran en medidas para paliar la lucha contra la pobreza energética. "Me gustaría que parte de la financiación del bono social vaya al apoyo que están dando a esto", aseguró ayer Álvaro Nadal tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en referencia, sobre todo, al desembolso de los concellos para evitar los cortes del servicio.

"Si yo tengo financiación, yo financio el bono social y algo de los cortes de luz", insistió el ministro, que subrayó el "papel determinante" de los servicios sociales municipales. Nadal comparte la propuesta que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero le trasladó el pasado viernes para impedir los cortes si no hay un informe previo de servicios sociales.

Nadal lo condiciona todo a dos cuestiones. A que salga adelante la nueva normativa para reformar el bono social, para lo que pide la colaboración de la oposición; y que las comunidades, con buena parte de las competencias en materia energética, sean "generosas" y "cedan" esas funciones.

Nadal anunció ayer que la subasta de primas para renovables prevista para finales de este año se convocará en las próximas semanas para celebrarse a mediados del próximo año. El proceso alcanzará 3.000 megavatios (MW) sin cupo para eólica, biomasa o solar, entre otras.