El Consejo de Ministros reconoció ayer una indemnización de 30,5 millones de euros a Repsol Butano por obligar a esta empresa a vender la bombona a pérdida, con lo que el Estado cumple con las resoluciones judiciales sobre este asunto. El Gobierno autorizó la aplicación del fondo de contingencia para responder a esta cuantía de 30,5 millones, que se articulará a través de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Energía.
De esta forma atenderá al pago fijado a modo de indemnización en concepto de daños y perjuicios en una sentencia de abril de 2014 dictada por la Audiencia Nacional.
El tribunal estableció en ese momento que el nuevo sistema de fijación de precios de los gases licuados del petróleo envasados suponía a Repsol Butano una pérdida de ingresos en el último trimestre de 2011 que después se extendió al primer trimestre de 2012.
