La novia que le ha salido a las seis centrales hidroeléctricas que Ferroatlántica tiene en los ríos Xallas y Grande de la comarca fisterrá viene de lejos. El fondo Brookfield es de Canadá, y gestiona activos de generación renovable con una potencia instalada total de 10.000 megavatios (MW).

La dirección del grupo transmitió durante la reunión de su último comité europeo -donde están presentes algunos delegados sindicales de los centros de trabajo gallegos- que contaba con un comprador para las catorce centrales que quiere vender -seis de ellas, las más rentables, en Galicia-, con una potencia total de 210 megavatios. El portal Economía Digital adelantó ayer que entre los nombres que suenan está Brookfield, un veterano del sector que estaría dispuesto a pagar unos 1.000 millones de euros.

La cifra sin embargo es considerada exagerada entre los expertos, que advierten de que si Ferroatlántica obtiene 500 millones de euros ya se puede dar por satisfecha. En las últimas reuniones entre el presidente de Ferroatlántica, Pedro Larrea, y los representantes sindicales de los centros de Cee y Dumbría, celebrada el pasado 21 de diciembre, la firma confirmó la existencia de un comprador y que se ofrecía a pagar el equivalente al resultado anual (entre 25 y 30 millones) que generan las centrales multiplicado por un periodo de 20 años, lo que tal y como calculó el sindicato CIG supondría entre 500 y 600 millones.

A favor Brookfield tiene que ya mantiene relaciones en norteamérica con Ferroglobe, la compañía a la que dio lugar la fusión de Ferroatlántica y la norteamericana Globe. El fondo sólo tiene en Europa algunos parques eólicos en Reino Unido, Irlanda y Portugal, según Economía Digital, con lo que la operación le permitiría abrir nuevos mercados.

El mayor escollo a la venta está sin embargo en las concesiones que la Xunta otorgó a Ferroatlántica y que están condicionadas al mantenimiento de las centrales y las fábricas de ferroaleaciones para las que fueron construidas como una sola actividad industrial. Si las factorías dejan de ser rentables sería de hecho causa de retirada de la concesión. Los trabajadores, que han logrado erigir un frente común político contra la venta, rechazan negociar con la firma, que ofrece un plan industrial para compensar a Galicia con sólo 75 millones de inversión y que sólo podría llevarse a cabo con los fondos obtenidos de la venta de esas centrales. Advierten a la Xunta de que autorizar la segregación de actividades iría contra la legalidad.