A pesar de las proclamas acerca de la histórica fusión de Caixa Galicia y Caixanova defendida por la Xunta, la resultante Novagalicia Banco (NCG) supuso una factura para las arcas públicas equivalente al presupuesto anual de la Administración gallega. El Tribunal de Cuentas ha cifrado en un informe el coste del proceso de reestructuración bancaria acometido en España en plena crisis y de los 60.718 millones de euros gastados por el erario público, 9.159 corresponden a la entidad gallega.

El balance choca con el mensaje del Gobierno central de que los rescates bancarios no afectarían al bolsillo del Estado, como declaró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en 2013 tras un Consejo de Ministros.

El Tribunal de Cuentas ofrece un diagnóstico opuesto en su informe de Fiscalización del proceso de reestructuración bancaria correspondiente al periodo 2009-2015.

En esos años, los fondos públicos comprometidos en el proceso de ayuda a quince entidades financieras y a la Sareb, el banco malo creado para gestionar la cartera de activos tóxicos de las primeras, superó los 122.122 millones de euros. El coste, sin embargo, se situó al cierre de 2015 en 60.718 millones, aunque esa cifra no puede aún considerarse "definitiva", pues están en curso algunos procesos de reestructuración. Esos 60.718 millones son, además, 7.165 millones más que los 53.553 millones estimados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a finales del año pasado, lo que supone un quebranto un 13% superior.

La carga de las pérdidas recae sobre todo en la factura de cuatro entidades, entre las que está la gallega. Son CatalunyaBanc, con 12.676 millones de coste; BFA-Bankia, con 12.347; Banco CAM, con 11.065; y la citada NCG, con 9.159, según el documento hecho público ayer por el organismo fiscalizador. De esos, 8.780 corresponden a coste "definitivo" por aportaciones de capital a NCG.

El banco gallego obtuvo recursos públicos por 12.279 millones, que se dividieron entre los 10.795 aportados por el FROB -que en 2013 daba por perdidos el 75% de los fondos inyectados hasta entonces- y los 1.484 del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (Fgdeb), entre inyecciones directas y avales. La venta de la entidad resultante de la fusión gallega supuso 1.074 millones, que afrontó el grupo venezolano Banesco. A partir de su cambio de manos, NCG pasó a denominarse Abanca.

Les siguen en la lista Banco de Valencia, con 6.142 millones; Unnim Banc, con 2.496; Caja de Ahorros Castilla-La Mancha, con 3.071; y el Banco Ceiss, con 734. El Banco Gallego se llevó 337.

Las pérdidas en aportaciones de capital y cuotas participativas suponen el mayor lastre del balance elaborado por el Tribunal de Cuentas, con 46.020 de los 60.718 millones, seguidos de los 10.389 de esquemas de protección de activos (EPA).

El balance económico no es el punto abordado por Cuentas, que destaca que los acuerdos del FROB en el caso de NCG, Catalunya Banc, Banco de Valencia y Banco Gallego "no detallaron todas las garantías que acabaron siendo formalizadas en los contratos de venta", aunque sí las incorporaron en su documentación.

Uno de los puntos más llamativos se refiere a la gestión de la venta, proceso en que una mayor diligencia del FROB habría reducido la factura del erario público al permitir deducir gastos y costes de la operación. "El FROB ha interpretado este precepto [el relativo a la imputación de ingresos, gastos y costes en la resolución de la entidad] de una forma restrictiva, entendiendo que solo podían ser deducibles y, por tanto, recuperables los gastos directa e inmediatamente ligados a la venta de la entidad. Una interpretación menos restrictiva habría conducido al FROB a deducir y retener importes mayores de los efectivamente deducidos y retenidos en los casos de Caja Rural Comarcal Mota del Cuervo, CatalunyaBanc y NCG", concluye Cuentas.