Los abogados de los cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia y del abogado que les asesoró para amañar sus contratos y engordar sus indemnizaciones ultimaban ayer el recurso de súplica que se presenta como única vía de momento para que salgan de prisión. Las defensas lo formalizarán hoy, cuando vence el plazo de tres días que hay para hacerlo desde la comunicación formal de la negativa de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal a la suspensión de la pena que pedían. "No es un mero trámite", apuntan.

Los respectivos escritos de impugnación que ultimaban ayer incorporan las peculiariades de cada uno de los cinco condenados, pero coincidirán en argumentos comunes, sobre todo que la decisión de mandarlos a la cárcel se tomó porque la cantidades, avales y bienes que entregaron al juzgado cubren sólo la mitad del importe a devolver, incluso con la tasación de todos los bienes embargados. La Audiencia Nacional será la encargada de resolver el recurso y tiene un plazo de dos días para hacerlo.

Los abogados insisten en que de momento se desconoce la cantidad definitiva que deben devolver los condenados porque la que figura en la sentencia del Supremo está recurrida. "Sin saber cuál parece, como mínimo, sorprendente", que se utilice ese argumento para ordenar la entrada en prisión "y de la forma en que se hizo", replican.

José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada fueron condenados como autores materiales de un delito de administración desleal en concurso con otro de apropiación indebida. Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas fueron sentenciados pero como cooperadores necesarios.

El primer fallo, de la Audiencia Nacional elevaba la cantidad a devolver a 14 millones de euros, pero los condenados reclamaron al entender que había conceptos en los que se estipulaba el reintegro por duplicado. El Tribunal Supremo les dio la razón y obligó a calcular el montante de la responsabilidad civil de nuevo, que quedó en 10,5 millones. Las defensas de los exdirectivos aducen ahora que siguen existiendo fallos; que la cifra no se ajusta "a las indicaciones del Supremo". Por eso recurrieron y solicitaron la suspensión de la pena y ahora se quejan de la orden de arresto. "Es cierto que jurídicamente puede hacerse, pero se aparta de lo que suele hacerse", asegura uno de los abogados en referencia a una orden de prisión inmediata (sin plazo de ingreso) y antes de resolverse el recurso sobre las cantidades.