La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estimó en 48.000 millones los sobrecostes por la falta de competencia en las licitaciones públicas. Por ello, el regulador, según el que la contratación pública supera el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) en España, lanzó una campaña para solicitar la colaboración de la Administración Pública con el objetivo de mejorar los procedimientos de contratación y la persecución de las irregularidades en los concursos públicos.
El superregulador realiza desde hace varios meses charlas formativas en diferentes departamentos y creó una lista de elementos a considerar a la hora de valorar la existencia de posibles acuerdos anticompetitivos entre las empresas que participan en el concurso para que las administraciones puedan detectar indicios de manipulación.
Algunos de estos elementos son la existencia de un reducido número de licitadores, incoherencias en las ofertas, similitudes injustificadas y otros patrones de comportamiento sospechoso. Además, el regulador insiste en la necesidad de mejorar el diseño de los concursos de las administraciones para que las cláusulas en los pliegos de contratación sean respetuosas con los principios de la regulación económica eficiente y no incluyan restricciones injustificadas a un aprovisionamiento competitivo.
