La firma textil coruñesa Viriato -una histórica del sector fundada en el concello de Ordes en 1959 y en concurso de acreedores desde septiembre del año pasado- avanza en su proceso de liquidación después de que el juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña aprobase la semana pasada el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para toda la plantilla, formada por 110 trabajadores. El auto, dictado por la juez María Salomé Martínez Bouzas el pasado día 11, establece que 89 contratos se extinguirán con efectos del mismo día de la resolución judicial -por lo que esos 89 profesionales ya han abandonado la empresa- y los restantes 21 seguirán vinculados a la compañía hasta la fecha que determine la administración concursal "en función de las necesidades del concurso".

El director general de Viriato, Alejandro Ríos, explicó a este diario que los 21 empleados que siguen en plantilla serán los encargados de cerrar "los últimos flecos" de la liquidación, tanto desde el punto de vista administrativo -"cobro de deudas pendientes, ajustar saldos..."- como de ventas. La textil cuenta con un stock de alrededor de 15.000 prendas y pretende darle salida en las próximas semanas, por lo que mantiene abiertas la tienda de Ordes (donde está la fábrica) y los dos establecimientos outlet que la empresa tiene en Madrid. "Lo normal sería que este stock, al ritmo de venta actual, se acabase a finales de febrero, momento en el que se ejecutarían los restantes despidos", detalló Ríos.

La administración concursal de la textil ordense solicitó en noviembre al juzgado la presentación del despido colectivo, por lo que se abrió un periodo de consultas que acabó sin acuerdo entre empresa y representantes de la plantilla. Por ello, el auto de la juez establece que la indemnización que corresponde a los empleados será la mínima fijada por ley, de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades, y se considerará crédito contra la masa, por lo que la plantilla tendría prioridad de cobro. Sin embargo, la cuantía total de estas indemnizaciones, según aclaró el director general de Viriato, supera los 1,5 millones de euros -muchos empleados suman décadas vinculados a la empresa (algunos rozan los 50 años en plantilla), por lo que les corresponde ese máximo de 12 mensualidades-, cantidad muy superior al valor de los activos que tiene la textil en propiedad.

Por este motivo, los trabajadores tendrán que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar, lo que -como denunciaron y recoge el auto judicial- "supone perder una parte de los salarios pendientes y de la indemnización por exceder lo que cubre el Fogasa".

En sus alegaciones al ERE, una vez aprobado por la autoridad laboral, los representantes de la plantilla, según reza el auto, "no niegan el presupuesto objetivo" del despido colectivo, pero lo rechazan por ese recorte en los pagos al tener que acudir al Fogasa, por el impago de parte de la deuda de salarios generada tras entrar en concurso -una paga extra y otra de dividendos- y "por falta de cumplimiento del compromiso en el ERE de 2015 [que afectó a 40 trabajadores]; porque creen que la empresa se podría haber salvado con otra gestión".