El pasado 16 de enero los representantes del Ministerio de Empleo se sentaron con los sindicatos y las patronales CEOE y Cepyme en la primera reunión técnica para reformar el sistema de pensiones, tras un primer contacto mantenido en diciembre. Se trata de un trabajo en paralelo a los debates que ya mantienen los partidos dentro de la comisión del Pacto de Toledo. Enrique Devesa, profesor universitario de Economía Financiera y Actuarial es uno de los expertos que forma parte del comité para la reforma de las pensiones. Rechaza retrasar la edad de jubilación y aumentar las cotizaciones sociales porque esto dispararía el desempleo.

-La Seguridad Social encadena otro año de déficit récord y la hucha de las pensiones se agota. ¿Qué hacer?

-La hucha de las pensiones, probablemente, se agotará a finales de este año y es difícil de encontrar algún mecanismo que lo evite. Mientras que el déficit de la Seguridad Social habrá cerrado 2016, en torno a los 19.000 millones, es decir, un 1,8% del PIB. Para resolver este problema se está barajando la posibilidad de trasladar las prestaciones de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor familiar) a la parte no contributiva; con lo cual, el saldo contributivo aumentaría en unos 20.000 millones. De todas maneras hay que entenderlo como un maquillaje de la situación de la Seguridad Social porque si no cambia algo más, habrá que seguir pagándolas.

-El Ejecutivo se negó a subir las pensiones un 1,2% en 2017, tal como pedía la oposición.

-El Gobierno está en su derecho y la subida de un 0,25%, el valor mínimo fijado por la ley que reguló el Índice de Revalorización de las Pensiones( IRP), supone un incremento del gasto. En cuanto a la subida en función del IPC, considero que la situación actual de déficit del sistema no lo aconseja. Sin embargo, también creo que se podría financiar con impuestos la diferencia entre lo que indica el IRP y el valor del IPC. El sistema no estaría tan expuesto al riesgo de una revalorización por encima de lo financieramente aconsejable.

-¿Por qué hay que actualizar las pensiones según la inflación?

-Estoy convencido de que hay que mantener el IRP. Es un mecanismo de ajuste automático que dirige al sistema hacia el equilibrio financiero, es decir hacia la sostenibilidad del sistema. Por tanto, eliminarlo haría menos creíble otras posibles reformas del sistema y quedaría en entredicho la apuesta por la sostenibilidad del mismo. No eliminaría el factor de sostenibilidad porque garantiza la equidad intergeneracional; es decir, su objetivo es que dos personas que tienen las mismas condiciones laborales, excepto que se jubilan en años diferentes, tengan la misma suma de las pensiones que se espera que reciban. Para poder cumplir esa condición a la persona que se jubile más tarde habrá que ajustarle la pensión inicial, según el incremento de la esperanza de vida aumenta. El descenso generado por el factor de sostenibilidad será de un 0,4% por cada año.

-En vista de la inflación y la creación de empleo de 2016, ¿habría que mantener, reducir o subir las pensiones este año?

-El IRP es el valor que nos muestra, bajo el criterio de conseguir la sostenibilidad del sistema, cuál es la revalorización que se podría aplicar. En realidad, si calculáramos el valor teórico del IRP (sin topes), el que correspondería a 2017 sería, aproximadamente de -3,11%. Esto significa que, teóricamente, habría que rebajar las pensiones en ese porcentaje. Sin embargo, existe un tope del 0,25% que es la revalorización mínima que se puede aplicar por ley. Revalorizar las pensiones por encima del valor teórico del IRP puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema, pero podría hacer que los jubilados perdieran poder adquisitivo. Una medida que creemos que es interesante es la de aplicar el IRP teórico -para conseguir la sostenibilidad del sistema-, y luego complementar la pensión hasta el valor que creamos oportuno (por ejemplo, el IPC), financiándolo con impuestos; lo que permitiría conseguir el segundo objetivo.

-Algunos expertos proponen la aplicación de un impuesto específico sobre transacciones financieras y otro sobre la riqueza para proporcionar al sistema de pensiones 11.000 millones de euros anuales.

-En principio no estoy en contra de los impuestos. En el Pacto de Toledo se aprobó la separación de las fuentes de financiación, de tal forma que la parte contributiva se financie con cotizaciones y la no contributiva con impuestos. Un impuesto especial debería destinarse a pagar prestaciones no contributivas. Cuestión interesante es qué se entiende por contributiva y no contributiva.

-¿Aumentaría las cotizaciones de trabajadores y empresarios para sostener el sistema?

-Existen bastantes evidencias teóricas y empíricas de que un aumento de las cotizaciones genera un aumento del desempleo, sobre todo en España, debido al alza de costes laborales que produce el aumento de las cotizaciones. Ahora, con un desempleo tan elevado, no parece aconsejable esta medida.

-¿Es partidario de pasar cotizaciones del paro al sistema de pensiones?

-Esta es una cuestión interesante. La contingencia de desempleo está dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, sin embargo, funciona de forma diferente al resto de contingencias, ya que el Estado realiza o recibe transferencias por desempleo, según haya déficit o superávit en el sistema de empleo. En los trabajos que hemos realizado sobre este tema, obtenemos que la cotización por desempleo es bastante elevada respecto a las prestaciones que se otorgan. Si se integrara en el sistema global de la Seguridad Social, mejoraría la sostenibilidad de las pensiones.

-¿Retrasaría la edad de jubilación?

-Yo creo que no, por dos motivos. En primer lugar, porque ya se aprobó en la ley de 2011 un retraso en la edad ordinaria de jubilación, pero que, dado el largo periodo transitorio, no acabará de implantarse totalmente hasta 2017. Añadir otro incremento de la edad ordinaria de jubilación no tendría mucho sentido. En segundo lugar, porque el factor de sostenibilidad ya ajusta los incrementos de esperanza de vida, mediante la reducción de la pensión inicial. El comité de expertos se planteó ajustar la esperanza de vida a los distintos parámetros del sistema y decidió no aplicarlo al aumento de la edad de jubilación, porque se entendía que era la opción menos deseada por los potenciales jubilados y, además, era la más rígida, por la fuerte penalización que supone jubilarse antes de la edad ordinaria.