En vísperas del puente festivo más largo del año y contra el cronómetro que la Unión Europea impuso a finales del año pasado a España para reducir su déficit público, el Gobierno aprobó el 2 de diciembre pasado una batería de medidas para incrementar la recaudación del Estado en entre 6.000 y 8.000 euros durante 2017 y reducir el déficit. Los grandes titulares se los llevaron la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros (ya lo estaban a 2.500 desde 2012); las subidas de las tasas sobre el alcohol y el tabaco y el impuesto sobre los refrescos.
La letra pequeña del Real Decreto 3/2016 incluía sin embargo una nueva modificación del Impuesto sobre Sociedades que incrementa la presión fiscal sobre los beneficios empresariales y la limitación de los aplazamientos de deudas con Hacienda para las empresas, especialmente importante el IVA. La Agencia Tributaria acaba de corregir la aplicación de esta medida para los autónomos, lo que, una vez más, complica su deber de cumplir con el Fisco y la labor de los gestores.
Las medidas entraron en vigor este año y su aplicación trae de cabeza a las firmas de la comunidad, como denuncian la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) y el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. Los cambios y las posturas de ambos se resumen a continuación:
►Fin del aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta: El Real Decreto prohibe los aplazamientos y fraccionamientos de liquidaciones tributarias (deudas) fruto de una resolución firme si fueron suspendidas durante el recurso o reclamación del contribuyente. Elimina además el aplazamiento o fraccionamiento de los pagos fraccionados o a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (cuyos tipos ya fueron elevados en octubre pasado) y también veta el aplazamiento del pago de las cuotas de IVA, salvo si el autónomo no ha cobrado una factura emitida.
►La curiosa solución de Hacienda ante las críticas de los autónomos: El Colegio de Gestores Administrativos de Galicia criticó esta semana una nota que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) colgó el pasado día 14 en su web que no sólo aclara la aplicación de esa limitación a los aplazamientos de deudas al colectivo de autónomos, sino que corrige su aplicación. La nota explica que los autónomos -no detalla cuáles, aunque los expertos entienden que se trata de los que empresarios o profesionales individuales- sí podrán aplazar las cuotas de IRPF e IVA sin garantías siempre que el importe de éstas no superen los 30.000 euros. Hacienda admite incluso los aplazamientos superiores a esa cifra "en función del tipo de garantía" que aporte el autónomo. Si la deuda es por IVA tendrá además que acreditar que se deriva del impago de una factura, que no ha cobrado las cuotas del impuesto repercutidas.
►Críticas: Los gestores administrativos advierten de que presuponer que todas las deudas aplazadas por IVA proceden de facturas impagadas "resuelve sólo de forma provisional un problema que debe ser abordado en profundidad y con garantías" y añade: "No a través de una instrucción interna publicada en una web y de cuestionable valor legal". Este colegio, que agrupa a 600 profesionales en la comunidad, exige seguridad jurídica y no "normas eventuales de difícil interpretación" y recuerda que los aplazamientos no son gratuitos, ya que Hacienda cobra intereses por ellos.
►Otra vuelta de tuerca al Impuesto sobre Sociedades: El Gobierno mantiene intacto el tipo general del impuesto en el 25% (tras las rebajas preelectorales, desde el 30%) pero limita las deducciones fiscales y gastos financieros, con lo que la base imponible se ensancha y la tributación aumenta. El Real Decreto aprobado para reducir el déficit limita el derecho a compensar las pérdidas y modifica además la exención aplicable a los dividendos y ganancias patrimoniales recibidos de filiales extranjeras situadas fuera de la UE. Estas variaciones se unen a la subida de los tipos aplicados a los pagos fraccionados del impuesto que grava los beneficios de las empresas del 12% que estaba vigente hasta octubre al 23% para firmas que facturan más de diez millones de euros.
►La CEC: "Las consecuencias son imprevisibles": La patronal coruñesa acaba de hacer público un comunicado para denunciar una vez más -lo hizo tras la subida de Sociedades- que esta modificación "agrava todavía más la excesiva imposición a la que hacen frente las empresas de la provincia" y recuerda que como recoge Eurostat, la recaudación que aportan las firmas españolas asciende a un 30% del total frente al 26% de la eurozona. La Confederación coruñesa alerta de que estas medidas lastran la competitividad y acabarán por reducir la recaudación. Suma a esto los límites a los aplazamientos de deudas del IVA para advertir de que los cambios "van a tener una repercusión en la caja de las empresas de imprevisibles consecuencias" y censura que busquen incrementar la recaudación y no beneficiar a "los contribuyentes"
