Los resultados que en breve presentará Abanca sobre el ejercicio 2016 que acaba de terminar incorporarán 30 millones en dotaciones o provisiones para hacer frente a los gastos que se deriven del cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Real Decreto-Ley 1/2017 que el Gobierno aprobó el viernes pasado para crear un sistema extrajudicial que resuelva esta cuestión sin colapsar los juzgados. La entidad heredera de las cajas gallegas y hoy en manos del grupo Banesco comunicó ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esta cifra, días después de que el órgano supervisor le hubiera solicitado el dato.

Lo que las entidades predecesoras de lo que hoy es Abanca cobraron sin embargo en cláusulas suelo es más, bastante más, un total de 239 millones de euros, a la vista de la cifra revelada ayer.

El hecho relevante que el banco hizo público circunscribe el impacto de las cláusulas suelo a lo que él tiene la obligación de pagar y menciona expresamente la garantía que el Estado le dio cuando Banesco se presentó a la subasta para hacerse con el entidad y que también figura en el contrato de compraventa. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se comprometió a hacerse cargo del 85% del coste de las condenas por preferentes, cláusulas suelo, y otras cuestiones que en el momento de la venta estaban pendientes de solución. Así que si Abanca pagará 30 millones, el Estado tendrá que desembolsar otros 170, hasta un total de 200.

Esa garantía consta en el contrato de Banesco con el FROB, por el que el grupo propiedad de Juan Carlos Escotet se adjudicó la entidad nacionalizada por 1.003 millones de euros.

A esos 200 millones se unen los 39 que ya durante la etapa de José María Castellano al frente de la Presidencia de Novagalicia devolvió la entidad por lo cobrado en este concepto, desde mayo de 2013, justo cuando el Supremo condenó a esta entidad, a Cajamar y a BBVA al considerar que sus cláusulas suelo eran abusivas.

Irretroactividad

Ese criterio se extendió luego al resto del sector y el TJUE determinó que estas cláusulas, que impedían que los tipos de interés de las hipotecas bajasen tanto como lo hizo luego el Euribor, de referencia, eran nulas por abusivas y que su devolución debía retrotraerse al inicio del contrato, no al plazo que había determinado el Supremo en su sentencia de mayo de 2013, en parte por motivos económicos. Abanca ya explicó esta semana que se prepara para cumplir con lo exigido en el real decreto aprobado por el Gobierno e informar a sus clientes afectados del proceso extrajudicial que se abrirá en los próximos meses.