Ni 600 ni 900 ni 1.300 millones, el acuerdo que Ferroatlántica tiene con el comprador interesado en las seis centrales hidroeléctricas que gestiona en los ríos Xallas y Grande de Dumbría y Cee asciende a 255 millones de euros (270 millones de dólares), aunque la compañía sólo ingresará 153,4 millones (165 en dólares), ya que a la cifra total le resta gastos financieros; entre ellos la operación de leasing que Villar Mir articuló sobre los saltos de agua -primero con Caixa Galicia y actualmente en manos de un consorcio bancario-. El importe de esta deuda financiera, según la memoria de la compañía correspondiente a 2015, era de 120 millones de euros y vencía en 2023, según denunció En Marea en diciembre, con lo que es posible que a estas alturas el grupo haya abonado una parte del mismo. La deuda pendiente del leasing es uno de los pasivos que Ferroatlántica pretende saldar con este acuerdo de venta, según explicó ayer en un hecho relevante. Así que no todo el volumen se dedicará al plan industrial prometido para España, con 165 millones de inversión, 75 de ellos, en Galicia.
Ferroatlántica define el acuerdo como "definitivo", aunque supeditado a "ciertas condiciones"; entre ellas, "las aprobaciones gubernamentales" que, añade, "se negociarán diligentemente con las partes involucradas". La compañía no revela el nombre del comprador, aunque en los últimos meses la prensa económica, que llegó a elevar el precio de la operación a los 1.300 millones, apuntó al fondo canadiense Brookfield, como ya en su día publicó este periódico.
Ferroglobe -el grupo resultante de la fusión en 2015 de la española Ferroatlántica y la estadounidense Globe- hizo público el pacto en un hecho relevante enviado a las autoridades bursátiles de Londres y Nueva York para anunciar la próxima emisión de deuda en bonos por valor de 325 millones de euros. La comunicación, a la que ha tenido acceso este periódico, detalla que espera dedicar los recursos que obtenga a "saldar ciertas deudas existentes y a proyectos corporativos".
La deuda, antes que la industria
Esta explicación contrasta con la que hasta ahora mantenía la multinacional para defender la venta de los saltos de agua, a la que se oponen los 400 trabajadores que viven de las fábricas de ferroaleaciones y las centrales de la comarca fisterrá y los alcaldes de la zona. Ferroatlántica alega que las centrales han dejado de ser activos estratégicos para su actividad y que su venta permitiría financiar un plan industrial con 165 millones de inversión en toda España, 75 de ellos, en Galicia. La cifra que el grupo obtendría finalmente no llega a esos 165 millones, y además, hay que descontarle el pago de deudas.
La multinacional explica que las centrales se construyeron para abastecer de electricidad las factorías, aunque la ley prohibe actualmente el autoconsumo y los ingresos que obtiene por su venta en el mercado eléctrico -que ayudan a reducir también su factura eléctrica- no son tan elevados como lo fueron en el pasado. La plantilla de Ferroatlántica en Dumbría y Cee considera sin embargo que ésta es una operación especulativa, con la que la firma creada por Villar Mir pretende sacar fondos para resolver sus problemas financieros en otras divisiones, como, aseguran, hizo en el pasado con la operación de leasing que "sirvió para financiar la construcción de Torre Espacio". Advierten de que tras la venta de las centrales, las fábricas perderán competitividad, cerrarán y destruirán 400 empleos en la comarca.
Los trabajadores recuerdan además que si la Xunta autoriza la venta de las hidroeléctricas y la segregación de las actividades energética y de ferroaleaciones incurriría en irregularidades, ya que está expresamente prohibido en las concesiones que la Xunta otorgó al grupo Villar Mir en los noventa. Esos permisos, que la empresa intentó modificar con sucesivos recursos ante los tribunales, fueron confirmados hasta por el Supremo. Tal y como recuerda la plantilla, la pérdida de rentabilidad de las factorías será motivo de rescisión de las autorizaciones de explotación.
Desde que el grupo fundado por Juan Miguel Villar Mir reconoció su pretensión de vender doce centrales hidroeléctricas en Galicia y Aragón -la operación incluía dos de Francia para las que todavía busca comprador- la operación generó una contundente oposición, entre la plantilla gallega, pero también del resto de España. A ellos se unieron los alcaldes de la comarca, la Diputación provincial de A Coruña, los grupos parlamentarios de la oposición en el Parlamento y la Xunta, que prometió mantener este frente común e informar de cualquier novedad que se produjese en el proceso, incluso si la compañía movía ficha y tramitaba la solicitud del permiso a la operación de venta. Un paso que todavía no ha dado.
La plantilla rechaza negociar con la empresa ese plan industrial que no se cree y que pasa por desarrollar una factoría de silicio solar en Arteixo, una fábrica de carbón vegetal y modernizar los centros de trabajo de la comarca fisterrá, entre otras cuestiones.
