El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, confirmó ayer y como ya había publicado este diario, que Ferroatlántica todavía no ha formalizado la solicitud para segregar la actividad de las fábricas de ferroaleaciones de Cee y Dumbría de las seis centrales hidroeléctricas que la multinacional pretende vender a pesar de que la concesión administrativa que la Xunta le otorgó para explotar los ríos lo impide expresamente. Dada esta ausencia de novedades, Conde asegura que la postura de la Xunta -que se comprometió con los trabajadores y los alcaldes de la comaca de Fisterra a vetar la venta- se mantiene "igual que al principio".
El conselleiro hizo estas declaraciones a preguntas de la prensa tras participar en el séptimo aniversario del Lacon Network en Santiago y matizó: "No hay solicitud por parte de Ferroatlántica para proceder a la segregación". "No hay caso hasta que la haya y, por tanto, unos fundamentos por los cuales se presenta esa solicitud". Con esta afirmación, Conde deja la puerta abierta a que la Xunta estudie esa petición a pesar de que la segregación está expresamente vetada por las concesiones administrativas sobre los ríos, que además fueron confirmadas por sendas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Supremo.
Desde que el miércoles pasado Ferroatlántica hizo público el "acuerdo definitivo" para vender las centrales gallegas y aragonesas por 255 millones (supuestamente al fondo canadiense Brookfield, aunque el comprador no ha sido desvelado), la plantilla teme que la Xunta ceda a la presión de Ferroatlántica y por eso ha solicitado una nueva reunión con el conselleiro Conde. Ya a finales de noviembre, el responsable de Economía, Emprego e Industria expresó el "compromiso claro" de la Xunta en contra de una modificación de la concesión que otorgó a Ferroatlántica en los años noventa y que está condicionada a su vinculación con la actividad industrial.
En esa misma fecha, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, contrajo el mismo compromiso con los alcaldes de la comarca. En Marea denunció sin embargo el pasado día 20 que representantes legales de Brookfield fueron recibidos por responsables del Gobierno gallego, lo que junto a las noticias de la venta, generó cierta inquietud entre la plantilla. Ferroatlántica presiona mientras tanto a los trabajadores para que acepten negociar el plan industrial que dice querer financiar con lo que obtenga de la venta. Pero la plantilla lo considera "una farsa", como ayer explicó el portavoz del comité, Alfonso Mouzo. La compañía se comprometió a dedicar 165 millones a esas inversiones -entre ellas, la fábrica de silicio solar de Arteixo, una de carbón vegetal y mejoras en Dumbría y Cee- pero aunque prevé vender las centrales por 255 millones, solo ingresará 153,4 tras descontar los costes del leasing que tiene pendiente sobre las centrales. Pero es que además el grupo admitió en una comunicación a las autoridades bursátiles que parte de estos fondos se dedicarían también a enjugar deudas pendientes.
Ferroatlántica cuenta con una deuda próxima a los mil millones de euros, según revelaba ayer el diario Expansión, y tal y como transmitió el director de la factoría de Cee, Javier Vázquez, a los trabajadores el pasado lunes, la firma tiene que refinanciarla entre los meses de marzo y abril. Hasta ahora no ha conseguido que los bancos le den crédito, por lo que, insiste, se ve en la necesidad de vender las centrales para obtener recursos y lograr un acuerdo con la banca.
Esta operación sin embargo coincide en el tiempo con el anuncio de una emisión de deuda por valor de 325 millones de euros con vencimiento en 2022 con lo que Ferroatlántica lograría una inyección de capital extra que, según explicó en la comunicación a las autoridades bursátiles norteamericanas (cotiza en el Nasdaq) destinaría al pago de deudas pendientes, además de a hacer frente a los compromisos de pago con el presidente que acaba de abandonar la empresa (Alan Kestenbaum) y otros gastos y honorarios.
La prensa especializada enmarca de hecho la operación de las centrales hidroeléctricas en el proceso de desinversiones realizada por el grupo Villar Mir para reducir su deuda. En 2015 todo el grupo, que posee un 57% de Ferroglobe -fruto de la fusión de Ferroatlántica y la norteamericana Globe en 2015-, tenía una deuda de 13.000 millones de euros. Por eso el grupo ha emprendido una carrera de venta de activos para hacer caja y de paso reducir el riesgo de sus activos cotizados (Ferroglobe, OHL o Abertis). En este proceso, Villar Mir redujo su capital en Abertis, Colonial y vendió el rascacielos Tore Espacio, que según los trabajadores de Fisterra, financió con el leasing garantizado por las centrales hidroeléctricas que ahora tiene que pagar.
