Los pensionistas españoles sufrirán pérdidas severas de poder adquisitivo (en torno al 30% de media para los que vivan 20 años) durante las próximas décadas por el impacto del mecanismo que, desde 2014, ha desligado la revalorización de las prestaciones de la inflación para supeditarla a la situación financiera de la Seguridad Social. La situación será tal que resultará "difícilmente sostenible en términos políticos" y planteará "problemas de suficiencia para los jubilados con menos ingresos", señala un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) presentado ayer. Sus autores, entre ellos el hacendista Ángel de la Fuente, plantean, como medida paliativa, "blindar" la capacidad de compra de las pensiones mínimas actualizándolas según el índice de precios al consumo (IPC).
Las reformas del sistema público de pensiones aprobadas en 2011 (elevación progresiva de la edad de jubilación y ajustes en el cómputo de la pensión inicial) y 2013 (nuevo mecanismo de revalorización y factor de sostenibilidad para adaptar la prestación a la esperanza de vida) "consiguen contener el gasto (de las pensiones) durante las próximas décadas", según los escenarios demográficos y económicos analizados por Fedea. El gasto en pensiones como proporción del producto interior bruto (PIB) se mantendría en el horizonte de 2050 entre el 12% y el 13%, de forma que atravesaría los años demográficamente más críticos en un nivel asumible desde el punto de vista macroeconómico, según los expertos. Pero esa contención del gasto se consigue "en buena parte gracias a una norma de actualización de las pensiones ya existentes que implicaría la práctica congelación de las mismas durante varias décadas, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo a lo largo de la vida de muchas cohortes de pensionistas, dependiendo de la evolución de la tasa de inflación", expone el informe. Esto es, las pensiones van camino de subir durante muchos años no más del 0,25% del mínimo legal (aplicado también este año), mientras que la inflación rondará el 2% de media.
Efectos adversos
Ante los riesgos sociales y también políticos que ello supone, Fedea considera necesario "buscar formas de suavizar los efectos adversos a un coste asumible". Y sugiere "blindar la pensión mínima del sistema, ligándola a la tasa de inflación". Esta fórmula, que el equipo de De la Fuente propone financiar con "impuestos adicionales", haría que las prestaciones básicas del sistema actuaran como un freno a la devaluación de los ingresos de quienes, por sus carreras de cotización, vayan a cobrar pensiones medias-bajas. La medida se podría costear con un alza de la recaudación del IRPF del 6%, añade Fedea. Desaconseja, en cambio, la vía que plantean los sindicatos: dar marcha atrás a la reforma de 2013 y volver a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones actualizándolas según la inflación. Financiar eso requeriría una subida del 36% en el IRPF, añade el centro de estudios.
"Hay margen para suavizar las últimas reformas, pero no para derogarlas. No podemos volver a ligar todas las pensiones al IPC y volver a la jubilación a los 65 años, pero existen medidas paliativas posibles", apunta De la Fuente, partidario también, al igual que el Banco de España, de considerar a medio plazo que la edad legal de jubilación se retrase más allá de los 67 años.
