Las formas y el fondo invitan a pensar que el Congreso de los Diputados va a tomarse en serio su análisis de lo ocurrido con el sector financiero en España y las tripas del rescate a cargo del macropréstamo de más de 60.000 millones que se pidió a Bruselas. Todos los partidos, y no es algo muy común, dieron su beneplácito ayer a la creación de la comisión de investigación. Y no habrá, además, que esperar hasta después del verano, como se especuló en los últimos días. La comisión se impulsará "en el plazo más breve posible", según recoge el texto del acuerdo, y en todo caso antes de 60 días. El plazo para el informe es de seis meses, aunque prorrogables. La evaluación se retrotraerá hasta el 2000 y tocará la labor de los supervisores y las comunidades. En el caso de Galicia, el papel de la Xunta en la fusión gallega.

La partida de nacimiento de la comisión no escatima en intenciones. Su objetivo es "conocer, analizar y evaluar con profundidad y rigor" las causas de la crisis financieras y económica en España "desde su gestación hasta el estallido de la burbuja de crédito inmobiliario y su impacto en el sector financiero español". El auge y derrumbe del tirón del ladrillo centrará buena parte de las indagaciones. Los diputados apuestan por poner en el foco en "las políticas de reestructuración y saneamiento del sector financiero" en general y el caso concreto de Bankia, incluida su salida a Bolsa. Los organismos de supervisión se someterán a examen. También "los problemas institucionales de gobernanza de las cajas de ahorro y su incapacidad para captar recursos en los mercados". "Con especial referencia -añade el documento- a las actuaciones de los órganos de administración, así como las administraciones públicas competentes". Una referencia, entre otras, a las autonomías. La comisión quiere analizar "las medidas que deban adaptarse para garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades de crédito que han recibido ayudas del Estado para obtener el máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicos". Que es una de las críticas del Tribunal de Cuentas en su reciente informe de fiscalización del FROB. Y, por último, "las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros".

"Transparencia", reclamó Carlos Rojas, diputado del PP, en el debate de creación de la comisión. Su portavoz, Rafael Hernando, avisa de que se irá más allá de Bankia. Tanto PSOE como Unidos Podemos exigen que las cajas no sean el "chivo expiatorio" de la crisis. "Es poco riguroso", dice el socialista Carlos Saura. "No creemos, como algunos grupos, que sea un problema de lo público", indicó Alberto Garzón, de Unidos Podemos. Ciudadanos sí apunta a ellas. A "la relación podrida de poder entre cajas y políticos", señaló Toni Roldán.