El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió ayer en que el Gobierno gallego "no podría autorizar" en este momento la venta de las seis centrales hidroeléctricas que Ferroatlántica gestiona en los ríos Xallas y Grande de Cee y Dumbría porque la empresa no ha tramitado aún ninguna notificación al respecto. "Si presentan una propuesta, la analizaremos", dijo Feijóo en respuesta a una pregunta que la diputada y portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le hizo en el pleno del Parlamento.
"No tenemos acreditación de que el interés público cambie [con la propuesta de la empresa] y, en consecuencia, las explotaciones y fábricas tienen que seguir unidas. Si hay interés nuevo, lo primero será evaluarlo con los alcaldes y los trabajadores", dijo Feijóo en la Cámara antes de remarcar que lo que dice la compañía es que "va a invertir 100 millones y, para eso, -añadió- tiene que vender activos". "Entonces, ¿qué es lo importante? Se verá cuando la empresa lo concrete, si da el paso", comentó.
El presidente prometió, como ya había hecho el pasado 23 de noviembre en la Cámara, que en ese análisis tendrá en cuenta "el cumplimiento de la ley, la garantía de interés público y, fundamentalmente, el empleo". Aseguró que su gabinete estuvo en contacto con los trabajadores, con los sindicatos mayoritarios y los alcaldes de la comarca de Fisterra y prometió "no fallar" a los empleados, que siguieron sus palabras desde la tribuna del público.
Tras el debate parlamentario, el comité de empresa de Ferroglobe en Cee y Dumbría se mostró inquieto ante un discurso del presidente que los sindicalistas consideraron "muy ambiguo", por lo que le abordaron fuera del edificio para pedirle que apoye sus reinvidicaciones, ante lo que Feijóo, aseguran, mostró su preocupación y defendió una actuación cautelosa mientras la multinacional no solicite la autorización. Dijo además, según los trabajadores, que desconocía el plan industrial anunciado por la compañía y apoyado ya por el comité de empresa de Ferroatlántica en Sabón.
Ana Pontón, en su réplica, advirtió de que no se cree que la empresa no haya mantenido "contactos" con la Xunta, recordó al presidente que la compañía anunció la operación a las autoridades bursátiles de Nueva York y Londres con el acuerdo de venta de unos activos que forman parte de una concesión pública vinculada a la explotación hidroeléctrica y que la ley impide segregar y le recriminó la pasividad de la Xunta. "Me preocupa que ante el anuncio de una venta ilegal usted no haga nada", le espetó antes de ofrecerle "un pacto de país" para que todas las fuerzas políticas digan "alto y claro" a Villar Mir que las centrales "ni se venden ni se segregan" y para exigirle que cumpla con sus compromisos.
Promesas incumplidas
La diputada nacionalista se refirió así que la construcción, en 1986, del embalse de Santa Uxía -antes de que Ferroatlántica comprase las instalaciones a Carburos Metálicos- fue justificada con la necesidad de "mantener los 500 puestos de trabajo que había en ese momento", frente a los 284 directos que tiene ahora el grupo en Cee y Dumbría. Añadió Pontón que cuando el Gobierno de Feijóo aprobó la repotenciación de los embalses del Xallas la empresa anunció la creación de 700 empleos. "¿Dónde están esos puestos de trabajo, señor Feijóo?", le preguntó y agregó: "Galicia no le debe nada a Villar Mir [propietario de Ferroatlántica] pero Villar Mir le debe mucho a Galicia".
El presidente gallego respondió que las administraciones públicas trabajan sobre "proyectos reales" y luego se pronuncian, tras lo que reprendió a Pontón por imputarle que autorice una venta. "No debe incordiar y traer preocupaciones a la gente que no existen", lo que provocó la protesta de la diputada.
El parlamentario de En Marea, Pancho Casal, aprovechó el debate para pedirle a la Xunta que traslade que esta operación es imposible a las autoridades bursátiles americanas. La respuesta corrió en este caso a cargo del conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, quien explicó que la posición de la Xunta en el conflicto de Ferroatlántica "no varió", aunque no se pronunciará hasta que la solicitud sea tramitada. "La Xunta vive en un mundo paralelo. Villar Mir no va a presentar oficialmente la petición hasta tener coaccionada a toda la comarca y los medios de comunicación", le respondió Casal.
Los representantes de los trabajadores se reunieron tras el pleno con portavoces de todos los partidos en el Parlamento para demandarles su apoyo. Después, todos los grupos menos el BNG -que se abstuvo por ser favorable a la empresa- apoyaron una iniciativa del PSdeG que insta a la Xunta a tomar las medidas necesarias para impedir la segregación de actividades energética y de ferroaleaciones actualmente unidas en la concesión administrativa. El PSOE aceptó eliminar la prohibición expresa de venta de los saltos de agua, a cambio de obtener el apoyo del PP, que a su vez consideró que esta nueva iniciativa -se aprobó otra hace una semana- era un "postureo político". La iniciativa reclama mantener la actividad productiva y los puestos de trabajo en las centrales y la previsión de trabajar junto a Ferroglobe en el desarrollo de un plan de modernización de sus fábricas en Galicia que cuente con el máximo respaldo social y sindical.
