La reforma del sector de la estiba, exigida por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia comunitario, vuelve a la mesa de negociación después de que el pleno del Congreso tumbase el real decreto ley aprobado por el Gobierno, algo que sólo ocurrió otras dos veces en democracia.
Los sindicatos de estibadores -que han desconvocado todas las jornadas de huelga previstas- y la patronal del sector volverán a reunirse la próxima semana, probablemente el martes, para tratar de encauzar el diálogo.
La fría respuesta de los sindicatos a la última propuesta del Gobierno, que preveía prejubilaciones a partir de los 50 años con un 70 % del sueldo, ha llevado a la mayoría del Congreso -que apostaba por un consenso previo con las partes- a derogar el real decreto ley.
A pesar de la advertencia del titular de Fomento, Íñigo de la Serna, de que la derogación acarreará una segunda multa a España, el real decreto no salió adelante. Los 142 votos a favor de la convalidación, emitidos por PP y PNV, fueron superados por los 175 en contra, entre ellos los de PSOE y Unidos Podemos. Se abstuvieron los diputados de Ciudadanos e Íñigo Errejón, aunque este último por error.
Es la tercera vez en la historia de la democracia que no se convalida un real decreto ley. Las anteriores se produjeron en 1979 y en 2006, en este caso por un error en la votación.
Durante el debate, De la Serna aseguró que el Gobierno "ha hecho lo que tenía que hacer" y tiene "la conciencia tranquila". Tras la votación, el ministro lamentó la "falta de responsabilidad" de los grupos que rechazaron la reforma y criticó que no hayan respaldado la convalidación para después modificar el texto a través de su tramitación como proyecto de ley. "A partir del 24 de marzo vuelve a ponerse en marcha el contador para seguir sumando el dinero de la multa que deben pagar los españoles", advirtió.
El Ejecutivo sólo contó con el respaldo del PNV, que destacó que la última propuesta planteada a los estibadores garantiza la competitividad de los puertos y los derechos sociales de los estibadores.
Pero tanto el PSOE como Unidos Podemos y la mayoría de la oposición recriminaron al ministro no haber pactado un decreto que debía tener el consenso de patronal, sindicatos y partidos políticos. El diputado socialista César Ramos pidió sentarse a negociar mientras que Félix Alonso, de En Comú Podem, calificó de "salvaje" el real decreto ley y exigió su desactivación.
