Los posibles planes de trabajo tienen más de declaración de intenciones que de efectos prácticos. El PP de Galicia, con mayoría absoluta en el Parlamento y, por tanto, en la comisión de las cajas que acaba de reabrirse, ya avanzó su intención de ir directamente a la redacción de las conclusiones con la documentación y las comparecencias de la investigación de la pasada legislatura. Sin más testigos y poca información nueva más allá de las sentencias vinculadas a la condena de los antiguos directivos por las prejubilaciones. Y así lo confirmó ayer en su propuesta oficial. Pero tanto En Marea como el BNG insisten en profundizar en el análisis de lo ocurrido con el sistema financiero gallego y reclaman que, entre otros, vuelvan a pasar por O Hórreo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que anteriormente declaró por escrito. Del supervisor exigen además las actas de inspección sobre la situación de Caixanova y Caixa Galicia, de la que viene una de las principales novedades en sus requerimientos: el retorno de su exdirector general a la comisión, José Luis Méndez, pero también de sus hijos, José Luis y Yago, que llevaron la cartera empresarial y la representación en participadas; y la investigación de la compra de inmuebles por parte de su mujer.
"Es imprescindible desarrollar un proceso de investigación, nuevo, que no pretenda solamente dar punto y final a la frustrada comisión de la legislatura anterior, congelada por decisión del PP, cuando no interesaba en términos electorales", subraya En Marea en la propuesta que formalizaron ayer en el Parlamento. El grupo cree que los populares "van a seguir en la misma actitud de ocultar y tener controlada la información", por lo que, según su diputado, Antón Sánchez, el rechazo a sus demandas "servirá para retratar" al PP gallego, "que solo busca una comisión exprés".
La que quiere En Marea pasa por toda la documentación sobre el estado real de las dos cajas, fusión y privatización; la carta de encargo de la Xunta a KPMG para el "diagnóstico acelerado" de la unión; y los informes los inspectores del Banco de España desde 2005 sobre la situación de las cajas que evidencian la mala situación de Caixa Galicia. El grupo parlamentario requiere además la "relación detallada de bienes o activos de cualquiera de las dos entidades gallegas vendidos o cedidos a directivos/as o familiares de cualquier grado de familiaridad o consanguinidad". En septiembre de 2014, la CIG hizo públicos varios documentos que acreditaron la compra por parte de la esposa de Méndez de 14 inmuebles a la entidad coruñesa por debajo de su precio real, dentro de una oferta de la que se beneficiaron otros empleados de la entidad.
En su lista de comparecientes, En Marea repite la mayoría de los que participaron en la legislatura pasada en la comisión -como Feijóo, Marta Fernández Currás o José Luis Pego- y suma los Méndez Pascual, los exministros Pedro Solbes y Elena Salgado, y varios exaltos cargos del supervisor.
La propuesta del BNG coincide en muchas cosas con la de En Marea. Como esa adquisición de inmuebles, producto de "una auténtica maquinación para enriquecerse". En su caso requieren además "toda la documentación" sobre la indemnización de 18 millones de euros que se llevó Méndez, "incluyendo las actas de los órganos de dirección de Caixa Galicia al respecto"; y las sanciones que existan a las entidades y directivos, con una mención expresa a TasaGalicia, la tasadora de la caja coruñesa que fue condenada por la Audiencia Nacional y el Supremo ante las "graves" irregularidades ya publicadas por este diario, en la valoración de sus activos inmobiliarios.
El Bloque quiere que Méndez y su hijo mayor, que gestionaba la Corporación Caixa Galicia acudan al Parlamento, junto, también, con muchos de los que ya comparecieron y el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el excomisario Joaquín Almunia. Desde "la paralización" de la anterior comisión, según el BNG, "sucedieron varios hechos destacables que hacen necesario su análisis e investigación" porque tienen "una incidencia directa" en el objetivo de saber qué ocurrió.
Frente a la veintena de páginas que rondan las peticiones de En Marea y BNG, la de los populares sobrepasa las 200. El grupo mayoritario ha decidido incluir en su plan de trabajo la relación de todos los documentos que estuvieron disponibles la pasada legislatura y solicitan al Parlamento que se facilite la transcripción de las 46 comparecencias. Pero no quieren más. Lo único que añaden son las sentencias de las prejubilaciones, el informe del Tribunal de Cuentas sobre la reestructuración financiera, y los acuerdos y resoluciones del FROB y la Comisión Europea sobre el rescate de NCG, incluidas las preferentes. Todos informes de carácter público. Lo siguiente, según el PP gallego, será elaborar el dictamen de la ponencia.
El PSdeG prevé entregar hoy su propuesta.
