Un año más, y ya van tres, la subasta de bonificaciones eléctricas que reciben los grandes consumidores industriales por estar dispuestos a reducir o interrumpir su consumo energético (interrumpibilidad) no será al gusto de Alcoa y de los 1.300 trabajadores que suma entre las fábricas de A Coruña, Cervo (Lugo) y Avilés (Asturias). El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y Red Eléctrica de España (REE) -la empresa semipública que opera el sistema eléctrico y organiza la subasta- se preparan para convocar la próxima puja y que ésta se limite a repartir las primas del año que viene.

Alcoa se queja desde hace años de los altos precios de la electricidad en España, especialmente para una industria como la aluminera que concentra en el recibo eléctrico el 40% de sus costes. En 2014 amenazó con el cierre de las plantas de A Coruña y Avilés y llegó a formalizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para sus 800 trabajadores y el año pasado abrió un proceso para mejorar la rentabilidad de sus centros españoles, incluso a través de la búsqueda de un comprador, por lo que tanto la dirección de la compañía en España como sus comités de empresa exigen modificar el sistema de subastas para obtener un mayor descuento en la tarifa y que el precio sea estable en el tiempo para poder planificar su actividad.

Red Eléctrica descarta, sin embargo, una subasta plurianual y advierte de que el criterio de Alcoa no es unánime. "Hay tantas opiniones [sobre las subastas] como proveedores del servicio", precisó ayer en el director general de Operación de REE, Miguel Duvison, durante un encuentro con periodistas en Madrid previo a la celebración, el viernes de la junta de accionistas de la compañía. El directivo detalló que hay "grandes operadores" que necesitan saber el precio a largo plazo para planificar su producción, pero también otros a los que les beneficia la volatilidad. Por eso, según Duvison, "no va a ser fácil que [la subasta] se cambie en este sentido para este año".

Red Eléctrica de España sí confía al menos en que la puja se celebre antes - el año pasado se produjo entre el 14 y el 17 de noviembre-, otra de las tradicionales peticiones de Alcoa, que advierte de que negocia sus contratos a largo plazo. La decisión final, tal y como recordó Duvison, corresponde al Ministerio de Energía, que debe marcar las fechas para habilitar a los operadores (empresas), el primer paso para la celebración de la puja y de la subasta en sí misma.

La interrumpibilidad es un sistema de gestión de la demanda que REE utiliza para evitar apagones a gran escala y que le permite dar una orden a las empresas acogidas a él para que reduzcan su consumo en bloques de 5 o 90 megavatios (MW) e incluso a detener su actividad ante una emergencia. Las empresas que lo prestan -Como Alcoa, cuya planta de San Cibrao, en Lugo, es el mayor consumidor eléctrico de Galicia, pero también Ferroatlántica- reciben una bonificación a la tarifa eléctrica y reducen así su recibo. Su coste anual ronda los 500 millones. Con la integración de energías renovables y el mallado de la red de transporte de electricidad en España, su uso es ya residual, aunque como defiende REE es una salvaguarda imprescindible, de la misma manera que lo puede ser un seguro antiincendios. El pasado mes de junio, de hecho, una avería en una subestación de Asturias obligó a ejecutarlo y a desconectar las factorías de Alcoa, Asturiana de Zinc y Arcelor. Hacía más de diez años que no hacía falta una operación de estas características y la última orden que intentó evitar un colapso nacional se produjo en 2001.

Miguel Duvison explicó ayer que desde la desconexión de junio, el sistema español no ha precisado ejecutar la interrumpibilidad más allá de las órdenes dadas de prueba "para verificar el correcto funcionamiento del sistema", que demostró su eficacia.

Red Eléctrica de España abogó ayer por una "solución global" que se escapa a sus competencias al conflicto generado por la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el cobro a las operadoras de redes eléctricas y de gas de la tasa por utilización del dominio público local y la consideración de esas redes como construcciones a la hora de calcular las bases imponibles en casos como el del Concello de Arteixo.

La directora general de Transporte de REE, Eva Pagán, explicó que en los últimos años varios ayuntamientos tramitaron liquidaciones de estas tasas que en algunos casos son "desproporcionadas", lo que, advirtió, puede generar un recorte de la inversión de Red Eléctrica en estas zonas. Hay 5.000 municipios afectados en toda España con liquidaciones que van hasta los 12.000 euros. REE está dispuesta a recurrir todas las sentencias y las liquidaciones.

Arteixo fue uno de los ayuntamientos a los que una sentencia del Supremo dio la razón el pasado mes de enero al validar las ordenanzas fiscales que establecían la regulación y las tarifas de la "tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos". Fueron en realidad cinco fallos que desestimaron recursos contra ordenanzas de tres municipios españoles interpuestos por REE, Gas Natural Fenosa y Gas Galicia, que entendían que las normas vulneraban la Ley de Haciendas Locales.

Red Eléctrica es también la empresa que construye las redes de alta tensión que transportan la electricidad desde las centrales o fuentes de generación hasta las redes de distribución de las compañías eléctricas y tiene programadas obras en Galicia entre 2015 y 2020 por valor de 308 millones, algunas de las cuales concluyeron el año pasado, como el último tramo de la gran autopista eléctrica del Cantábrico, entre Boimente (Lugo) y Pesoz (Asturias) o la subestación de Regoelle, en Dumbría, con un presupuesto de 8 millones. REE no prevé ninguna gran obra en Galicia para este ejercicio, en el que sin embargo destinará 30 millones de euros a la mejora de la red entre Zamora y Ourense para garantizar el desarrollo de la línea de Alta Velocidad a Galicia.

Para 2019 o 2020 queda el otro gran eje de conexión de Galicia una vez finalizados el del Cantábrico y la Meseta: la interconexión internacional con Portugal, clave para "mallar" el mercado ibérico y reducir las tarifas pero también para la evacuación de energía producida en Galicia, contó con un primer trazado y plan de obra que preveía ponerla en servicio en 2017. El primer trazado generó el rechazo de Arbo (Pontevedra) y otros municipios lusos y por eso REE ha facilitado un plan con otras soluciones que los ministerios de Medio Ambiente de ambos países tienen que definir.