El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, reconoció ayer que el precio de la luz en España está en el tercio superior entre los países de Europa y que es duro para el consumidor que la volatilidad del mercado dispare los precios como ocurrió a principios de este año, fruto de la coincidencia de altas cotas de demanda por el frío con la baja producción de las energías renovables (hidroeléctricas y eólicas) en pleno anticiclón. En esta línea, Folgado defendió eliminar de la tarifa algunos de los costes regulados que encarecen el recibo, como la deuda histórica del sistema, que suma 2.500 millones al año, y los costes de dar luz a los sistemas extrapeninsulares (Baleares y Canarias). Actualmente la mitad de los costes extraordinarios que provocan las islas se sufragan vía impuestos, la vía alternativa apuntada ayer por Folgado para financiar estas cuestiones.

El máximo dirigente de la empresa responsable del transporte de la electricidad en el país y de operar el sistema eléctrico también defendió la supresión del impuesto sobre la electricidad (5,1% de la potencia contratada y la energía consumida), creado originalmente para cubrir las ayudas a la producción de carbón nacional, que expirarán el año que viene.

Folgado enmarcó estas medidas entre las necesarias para reducir también los costes de la industria, que desde hace años reclama una rebaja del precio de la luz para producir en las mismas condiciones que otros países de Europa. La gran industria sólo recibe ayuda a través de las bonificaciones de interrumpibilidad, un servicio que se paga a las grandes consumidoras industriales que están dispuestas a reducir o interrumpir su consumo de forma automática ante una emergencia del sistema que provoque un riesgo de apagón.

Folgado comentó además que los altos precios de la electricidad que se registraron en España a principios de año fueron consecuencia de cuestiones meteorológicas que contrastan con las del año pasado. Entre enero y mayo de 2016, el precio mayorista medio fue de 30 euros por megavatio, un precio que permitió a España exportar mucha electricidad.

REE advierte además de que las tasas por uso del dominio público local establecidas por algunos ayuntamientos, como el de Arteixo, a las infraestructuras eléctricas, de gas o hidrocarburos que atraviesan sus municipios, y que en el caso de Arteixo fue avalada por una sentencia del Tribunal Supremo el pasado mes de enero, repercutirán en la tarifa que pagan los consumidores. Por eso y porque según el presidente de REE, José Folgado, las cantidades liquidadas a empresas como Red Eléctrica son en algunos casos "estrafalarias", la compañía que opera la red de transporte de la electricidad en alta tensión cree que es necesaria una intervención del Gobierno. "Sería deseable que el Ministerio de Hacienda y la [Federación Española de Municipios y Provincias] FEMP llegaran a un acuerdo que permita establecer un criterio general básico sobre estas tasas", dijo.

Folgado explicó que como el miércoles había adelantado la directora general de Transporte de Red Eléctrica, Eva Pagán, y ya publicó este diario, REE ha recurrido y recurrirá todas las sentencias que legitimen esta tasa al entender que vulnera la Ley de Haciendas Locales. El directivo aclaró que hay sentencias a su favor y otras en contra. Añadió, sin embargo, que si los tribunales, como el Supremo, entienden que son legales, el coste derivado de estas tasas "es uno más" que el consejero delegado de la firma, Juan Lasala, definió como de "operación del sistema". Esto quiere decir que no tendrá un impacto sobre las cuentas de REE pero sí sobre la tarifa; o lo que es lo mismo; que no lo pagará Red Eléctrica sino el Estado.

Juan Lasala detalló en la rueda de prensa de ayer, previa a la celebración, hoy, de la junta de accionistas de Red Eléctrica de España, que las tasas que tras la sentencia del Supremo pueden exigir 5.000 ayuntamientos de toda España son consideradas por REE como gastos de operación. La firma no tiene calculado el impacto que pueden suponer porque hasta el momento no ha pagado ninguna, las ha recurrido ante los tribunales. "Lo pagaremos todos los consumidores" advirtió.

Los gastos de operación de la red forman parte de la retribución que como operador REE negocia cada año con el Ministerio de Energía y que cobra por prestar servicios públicos, como la operación del sistema eléctrico, y se repercuten en la tarifa eléctrica dentro de los costes regulados. La repercusión de estos costes en la retribución que REE cobra del Estado y se financia con la tarifa eléctrica no es automática, sino fruto de esa negociación entre la empresa y el Estado.