El Gobierno ha decidido que el impuesto sobre los refrescos anunciado a finales de noviembre pase a un segundo plano después de meses de contactos y reuniones con el sector agroalimentario, que concentra ahora su preocupación en una tasa de similares características aprobada por Cataluña.
El impuesto está en fase de estudio y se está analizando su "viabilidad", pero por el momento "no se está desarrollando" y ni siquiera "existe el anteproyecto", según Montoro.
Fuentes del sector apuntan a Efeagro que los contactos entre Hacienda, la patronal que agrupa a los fabricantes de refrescos (Anfabra) y la entidad que representa los intereses de la industria alimentaria (FIAB) arrancaron en enero, aunque el ritmo de las reuniones fue decayendo en marzo conforme avanzaban las semanas. La industria, la distribución y la hostelería rechazan un gravamen que afectaría a las bebidas azucaradas pero no a otros procesados con azúcar.
