El expresidente de Novagalicia Banco (NCG), José María Castellano, reconoció el pasado martes que no informó a los empresarios gallegos -que invirtieron en la entidad financiera 70 millones de euros para adquirir un 2,59% del capital- de que el banco precisaba un ajuste retroactivo para sanear sus cuentas. El entonces máximo directivo del banco alegó que en el momento en el que estos inversores entraron en el accionariado aún no estaba definida ni cuantificada esa revisión contable y argumentó, para justificar su actuación, que confiaba en la operación, por lo que incluso él se convirtió en accionista de NCG con una inversión superior al millón de euros. El exejecutivo de Novagalicia declaró en la vista oral de la demanda interpuesta por las firmas gallegas Egasa e Igalux contra NCG (ahora Abanca) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se celebró entre el martes y ayer en Madrid. Las dos empresas aspiran a recuperar los 2,5 millones invertidos en la entidad financiera y defienden que fueron engañadas porque creían que colocaban su dinero en un banco saneado y solvente, pero realmente estaba en una situación delicada, al borde de la quiebra.

Este es el primer juicio, de los cinco promovidos por la veintena de empresarios gallegos que invirtieron en NCG, en el que declara Castellano. La titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid aceptó la petición de la acusación de que compareciera, mientras que en las cuatro vistas anteriores -celebradas en A Coruña- los magistrados consideraron suficiente la intervención del representante legal de NCG y actual asesor jurídico de Abanca, Eduardo Álvarez-Naveiro, para aclarar la actuación de la entidad financiera en los últimos días de diciembre de 2011 y los primeros de enero de 2012, en los que se acordó y realizó la operación.

En contra del argumento de Castellano de que el ajuste retroactivo aún no estaba definido cuando entraron en el accionariado los inversores gallegos, Egasa e Igalux defendieron en la vista oral que los directivos de Novagalicia y el FROB ya sabían, y lo ocultaron, que la entidad necesitaría un ajuste -finalmente fue de 1.127 millones- en el asiento contable de la fusión de las cajas gallegas, lo que llevaría al banco a pérdidas y a una nueva inyección millonaria. Un hecho que, argumentó la acusación, queda patente con la consulta de las actas de la entidad financiera y las reuniones entre los responsables de Novagalicia Banco y el Banco de España entre finales de diciembre de 2011 y principios de 2012.

Solo unos meses después, la Comisión Europea inyectó 5.425 millones en NCG a través de una operación acordeón que redujo el capital del banco a cero -con lo que los empresarios gallegos perdieron su inversión- para después incrementarlo por el valor de la ayuda.

Gestión de la etapa anterior

En la prueba testifical realizada el martes también compareció el ex director financiero de Novagalicia, Enrique Tellado, que, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, sostuvo que él siempre estuvo en desacuerdo con el ajuste retroactivo en las cuentas de la entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova porque eso sería como reconocer que las cosas no se habían hecho bien en la etapa anterior. Y apuntó a que el principal promotor e impulsor de esa modificación contable fue el número dos de Castellano, César González-Bueno.

Tanto Tellado como Álvarez-Naveiro, que también compareció en la vista oral de Madrid, apuntaron al expresidente de NCG como el responsable principal de la negociación con los inversores gallegos. El representante legal de Novagalicia también admitió que no se informó a los empresarios de que la entidad precisaba un ajuste retroactivo y en el momento de precisar fechas y hechos se remitió a las actas del banco gallego.

En esta causa -al igual que en las cuatro anteriores- los inversores defienden que fueron engañados por NCG y por el FROB para que entraran en el accionariado de un banco que sabían que precisaba de una importante inyección económica. El desconocimiento de que iba a producirse un ajuste y el hecho de que Castellano también participase en la operación animaron a los empresarios a dar el paso. La defensa, por su parte, alega que la situación financiera de la entidad resultante de la integración de Caixa Galicia y Caixanova era pública y notoria y que en ningún momento se ocultó ni aportó información errónea a los inversores.

En la jornada de ayer las partes presentaron distintos informes y pruebas periciales con los que tratan de probar sus argumentos al tiempo que expusieron sus conclusiones, por lo que el juicio quedó visto para sentencia.