En la página web del Servizo Público de Emprego de Galicia había ayer solo 30 ofertas de trabajo. Afinador de instrumentos musicales en A Coruña, técnico en prevención y control de plagas en Vigo, cocinero de barco en Ferrol, auxiliar de enfermería de geriatría en Parada de Sil... La mitad aquí y la otra mitad fuera, con tres convocatorias para otras comunidades -Extremadura, Cataluña y País Vasco-; y el resto, una docena, para el extranjero: personal de ventas en Dinamarca, soldadores de fabricación metálica en Irlanda, dependiente de hotel en Noruega, ingeniero electrónico en Austria, instalador de calefacción en Bélgica, profesor de ciencias en Reino Unido y hasta camarero para cruceros de Disney en Francia, entre otros. El breve listado en comparación con los casi 212.000 desempleados inscritos oficialmente en Galicia a la espera de una oportunidad da una idea muy nítida del viejo problema de la debilidad de la Administración como colocador. De los más de 823.000 asalariados gallegos que había el pasado año, únicamente 15.200 -el 1,8%- lograron un contrato a través de las oficinas públicas, según los datos sobre condiciones de trabajo que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La mediación de los servicios públicos de empleo es, por lo tanto, residual en la evolución de los contratos en Galicia. El incremento respecto a 2015 del número de trabajadores que encontraron una vacante gracias a las oficinas de las administraciones alcanzó el 4%, a pesar de la puesta en marcha de los convenios con agencias privadas que cobran a comisión en función de los parados que consiguen colocar. Las cifras están a años luz de lo que sucedía en los años de bonanza: en 2007 eran 41.300.

Hay mucha diferencia en el peso de la colocación con medios públicos entre comunidades. En Ceuta, el 6,8% de los asalariados consiguieron su trabajo así; el 5,6% en el caso de Extremadura; el 4% en Aragón; el 3,2% en Castilla-La Mancha; cerca del 3% también en Cantabria (2,9%) y Castilla y León (2,8%); y el 2,3% en Comunidad Valenciana. El global del país se situó en 2016 en el 1,8%. Los peores datos de España están en Canarias (0,5%), Baleares (0,6%), Cataluña (0,8%) y Andalucía (1,2%).

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El análisis del INE pone la lupa también en las condiciones de trabajo. Hay 211.000 asalariados en Galicia que son temporales. Y, como era de esperar, la inmensa mayoría de ellos no quieren serlo. Alrededor de 191.000 aseguran que no pueden encontrar un empleo de duración indefinida, el máximo de los últimos siete años tras un ascenso del 6% sobre 2015 y del 27% desde 2011. Son más mujeres (100.300) que hombres (90.800). Algo que ocurre también entre los ocupados que desean trabajar más horas: de los 113.200, más de 73.000 son mujeres y 39.600 hombres.

Pero no todos se lanzan a por una alternativa. En 2016 en Galicia había 49.500 personas que buscaban otro empleo, lo que representa una caída anual del 17,5%. Más de 6.000 lo hacen para conseguir un puesto más adaptado a su formación; otros 11.500 porque se sienten inseguros en su empleo actual; y 15.700 porque aspiran a mejorar sus condiciones, entre otras causas.

La población en Galicia está cada vez más formada. De todos los residentes mayores de 16 años, el 64%, unos 1,5 millones, no cuenta con preparación específica. Pero si miramos solo los activos -es decir, los que a partir de esa edad están en disposición de trabajar-, la mayoría ya, el 51%, sí pasaron por enseñanzas concretas. Los trabajadores más antiguos pasan a la edad de jubilación y los nuevos presentan un perfil muy diferente.

La tasa de paro de Galicia cerró 2016 en el 17%, pero no es igual entre todas las profesiones. La más baja, del 7,6%, está en la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria. Le siguen ciencias sociales, periodismo y documentación (7,8%); ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas, el grupo de los ingenieros (7,9%); y la salud y servicios sociales (7,9%). En tecnologías de la información y comunicaciones se situó en el 11,6%. Alrededor del 13% en servicios y educación. Un 14,3% en derecho, administración y negocios; y el 15,4% en los técnicos. Las tasas más altas son la del colectivo sin formación específica (21%) y artes, humanidades y lenguas (22,2%).