El Gobierno ha enviado a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el real decreto ley del bono social eléctrico, dentro del cual se fijan distintas categorías para los hogares vulnerables en virtud de unos umbrales de renta. El borrador se remite después de que el Ministerio de Energía haya recibido las aportaciones de los grupos políticos que apoyaron la aprobación en las Cortes de la nueva regulación del bono social. El texto crea diferentes categorías de hogares vulnerables de acuerdo a unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Una de las categorías es la de hogares vulnerables severos, que se beneficiarán de un descuento más elevado que el que tendrán otros consumidores considerados vulnerables. En estos casos cuando se encuentren en situación de exclusión social, y las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado esencial y será cofinanciado junto con las comercializadoras eléctricas, con lo que se impedirá que les puedan cortar el suministro.

El reglamento establece, además, que las comercializadoras deberán comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas desde el primer momento, tras lo cual podrán reclamar fehacientemente el pago por correo certificado, burofax o medio telemático mediante firma electrónica. Si la reclamación no puede ser entregada, se prevé que las comercializadoras presenten una segunda reclamación por vías alternativas y, antes de cortar el suministro, tendrán que efectuar una tercera y última reclamación del pago. Las comercializadoras podrán cortar el suministro, con carácter general, si no reciben el pago de la factura en dos meses desde la reclamación fehaciente de pago, pero en el caso de los consumidores vulnerables acogidos al bono social el plazo se amplía a un plazo de cuatro meses.

Las administraciones contarán con un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro eléctrico previstas, a fin de que puedan identificar si afectan a consumidores en riesgo de exclusión.