Francisco Conde dio un paso más ayer en su habitual discurso oficial de que la Xunta responderá "de acuerdo con el interés público y la legalidad" a la petición de Ferroglobe de segregar las dos actividades industriales que desarrolla en Cee y Dumbría, la de las ferroaleaciones y la de producción energética con seis centrales hidroeléctricas y dos embalses, que pretende vender. El conselleiro de Economía, Emprego e Industria se reunió a mediodía de ayer con el comité de empresa, pero horas antes, en declaraciones a periodistas y antes de participar en el Forum Europa en Santiago, aseguró que la Xunta "no cambió en ningún momento" su posición en cuanto a la segregación de los saltos de agua. Conde contestó así, según Europa Press, cuando la prensa le preguntó sobre las manifestaciones que el director xeral de Industria e Minas, Ángel Bernardo Tahoces -presente en el encuentro de ayer-, hizo en el Parlamento el 21 de abril de 2016, cuando espetó: "[En Ferroatlántica] nunca hubo segregación de actividades y nunca la habrá".
El conselleiro reconoció que la concesión sobre las hidroeléctricas de los ríos Xallas y Grande está vinculada "en estos momentos" a la salvaguarda del interés público e insistió en que el Gobierno autonómico "no cambió en ningún momento su posición". Añadió que la Xunta ha garantizado desde 1992 "el cumplimiento estricto" de la concesión a Ferroatlántica (ahora integrada en la multinacional Ferroglobe) y que su pretensión es "seguir garantizando el cumplimiento estricto de la ley".
"Nosotros vamos a garantizar los derechos -insistió-, la Xunta actuará sobre un principio que siempre mantuvo y que es el que marca la propia concesión", dijo el mismo día que el creador de Ferroatlántica y presidente del grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir, era incluido entre los investigados (antes imputados) por financiación irregular del PP de Madrid, dentro de la operación Lezo.
El Gobierno gallego, advierte, estudia "con rigor y seriedad" la solicitud que Ferrogloble planteó el pasado jueves -meses después de decir que era un trámite urgente y un mes más tarde de pedirle celeridad- . Es el paso necesario y previo para que la multinacional logre su objetivo de vender los saltos de agua, a lo que se oponen los trabajadores, pero exige la tramitación de un expediente que la Xunta debe resolver. Por eso tanto el presidente autonómico como el conselleiro de Economía, Emprego e Industria son cautos ante los medios y cuando, como ayer, se reúnen con los empleados.
Conde apeló de hecho ayer a su "compromiso claro" de responder a la petición de Ferroatlántica y cumplir "estrictamente con el procedimiento administrativo" reglado. "La base de cualquier Estado de Derecho en estos momentos no es otra que respetar la ley y, por lo tanto, nosotros vamos a tramitar esa solicitud de la empresa".
Las palabras del conselleiro no tranquilizaron a los representantes de la plantilla que a mediodía de ayer se reunieron con él en la sede de la Consellería, seis meses después de habérselo solicitado. Sobre todo porque Conde evitó darles un compromiso claro en contra de la venta. Y es que sobre la mesa evitó salirse del guión oficial; el de la defensa del interés público y el cumplimiento de la legalidad, como era de esperar ante la existencia de un expediente abierto tras la solicitud de Ferroglobe al que además apeló: "El Gobierno comprende perfectamente la inquietud de los trabajadores pero entiende que la forma de dar respuesta y de darles confianza es no precipitarse, estudiar la documentación y ser garantista y transparente en todo el procedimiento", dijo.
El responsable de Economía, Emprego e Industria relató que los servicios técnicos y jurídicos de la Xunta analizan la documentación presentada por Ferroglobe, a la que responderá "con rigor y seriedad".
Los trabajadores criticaron que Conde no fuese capaz ni de explicar cuál es el procedimiento administrativo que seguirá la solicitud o los plazos que maneja la Administración para contestarlo y que no tuviese preparada la documentación entregada por Ferroglobe para facilitarles una copia. "Nosotros somos parte interesada y queremos saber lo que la empresa ha alegado", explicó el portavoz del comité, Alfonso Mouzo, tras la reunión. La Consellería se comprometió sin embargo a "tramitar la petición del comité" para que pueda tener acceso a la documentación aportada por la multinacional.
Los representantes de los trabajadores de Cee y Dumbría salieron "preocupados e insatisfechos" de la reunión con Conde, al que entregaron una copia del estudio jurídico elaborado por el jurista y profesor de Derecho Administrativo en la Universidade da Coruña, Carlos Aymerich, a petición del personal y en el que advierte de que permitir la venta de las centrales sería ilegal y que el funcionario o institución que la firme incurriría en prevaricación. Es justo lo contrario que opinan los dos juristas de Santiago contratados por Ferroglobe para elaborar un dictamen que fue incorporado a la petición.
Mientras la Xunta estudia la documentación presentada por la multinacional, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que responder en el Pleno de la próxima semana a dos preguntas de la oposición sobre este asunto; una de BNG y la otra, de En Marea. Las dos cuestiones que ayer fueron anunciadas tras la junta de portavoces del Parlamento gallego, pretenden hacer que Feijóo aclare su postura.
