El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro ayer que el futuro de las centrales hidroeléctricas que Ferroglobe explota en los ríos Xallas y Grande y que quiere vender está en manos de los técnicos; concretamente de la asesoría jurídica de la Xunta y de los técnicos de Augas de Galicia, el organismo que otorgó la concesión a la multinacional para obtener energía de los ríos y que prohibe expresamente su venta.

Feijóo insiste así en la ambigüedad del mensaje de la Xunta, que el pasado martes aseguró -a través del conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde- que mantenía la misma opinión que hace un año sobre que los activos de Ferroatlántica Ferroatlántica en las comarcas de Fisterra y A Costa da Morte "no se segregarían nunca". El presidente pidió incluso a los funcionarios que tramitan el expediente abierto tras la solicitud formal de segregación que no se dejen presionar "por los partidos, por los sindicatos o por los intereses empresariales", como por otra parte, ya establece la legislación.

"La Asesoría Jurídica no va a trabajar bajo presión, sino de acuerdo con su recto proceder y de acuerdo con lo que esté conforme a derecho. La Xunta no va a trabajar bajo presión de nadie y los empleados públicos tienen la independencia para dictaminar si la solicitud de ésta o cualquier otra empresa se ajusta o no al título concesional y a la legislación", advirtió. Tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, el presidente explicó que los informes de los funcionarios serán "vinculantes" para el Gobierno a la hora de tomar una decisión sobre Ferroatlántica y en un intento por exhibir un discurso único y coherente, aseguró que la Xunta no se moverá así "ni un ápice" de lo que trasladó a los gallegos en sede parlamentaria. "Acreditamos que decíamos la verdad y que, por tanto, se estaba intoxicando cuando se decía que autorizábamos la venta de las centrales", sentenció. La Xunta cuenta con tener los informes listos "en las próximas semanas" para tomar una decisión a partir de ellos. Su gabinete, defendió, "siempre" contará "la verdad" a los gallegos y, "muy especialmente" a los trabajadores y a los alcaldes de la zona. Feijóo se refería así a las reiteradas alusiones de su gabinete a que la decisión se adoptaría en función del interés público y la defensa de los puestos de trabajo.

Precisamente esta mañana el presidente gallego tiene prevista una reunión con los alcaldes de Fisterra, Cee y Dumbría, con quienes abordará la situación creada tras la solicitud de Ferroglobe y para "informar del plan industrial que presenta la compañía en el caso de que se le deje segregar", dijo ayer. "Con luz y taquígrafos. Creo que nos jugamos mucho en Cee, en Dumbría y en Sabón", dijo el presidente, en referencia al plan industrial que tanto los trabajadores como alcaldes rechazan y consideran difícilmente creíble. El líder del Ejecutivo gallego también reveló que el Gobierno desearía "una mayor inversión en la comunidad.

Es la segunda vez que Feijóo se reúne con los regidores de Fisterra, Cee y Dumbría desde que en octubre la empresa reconoció su pretensión de vender los saltos de agua, una operación que actualmente está expresamente prohibida en la concesión de Augas de Galicia y que los alcaldes le solicitarán mantener sin cambios.

Los responsables municipales exigirán un compromiso al Gobierno gallego en defensa de los empleos y de la economía de la comarca. Como los trabajadores, dan por hecho que permitir que la actividad energética y la de fabricación de ferroaleaciones sean segregadas es abrir la puerta al posterior cierre de las factorías, que dan empleo directo a 284 empleados e indirecto hasta a 400.

Mientras, los trabajadores continúan con los contactos con los partidos políticos tras la reunión que el martes mantuvieron con el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde. Ayer, le tocó el turno a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Tanto el BNG como En Marea solicitaron ante el Parlamento la comparecencia urgente del comité de empresa de Ferroatlántica en Cee y Dumbría ante la comisión de Industria para explicar su oposición a la venta de los saltos de agua.