Por si los plazos fueran poca razón para cambiar la normativa eólica gallega, están las limitaciones a los proyectos.
Los promotores sin autorización autonómica en Galicia hoy por hoy no pueden traer su potencia a la comunidad, a no ser que lleguen a acuerdos con los que sí la tienen. Así, por ejemplo, si Forestalia, que arañó 1.200 MW en la puja del 17 de mayo, quisiera construir algún parque en la comunidad, la ley gallega se lo impide. Todo apunta a que ese será uno de los cambios que la Xunta incluya en la normativa, como ya lo han hecho otras comunidades. Porque además la nueva legislación estatal descarta que puedan hacerse repartos de potencia en las autonomías. Cuando en noviembre de 2010 la Consellería de Economía dio a conocer los ganadores de su concurso cifró en 12.000 los empleos y 6.000 millones en inversiones. Por el momento, según datos de la Xunta, van unos 740 millones. ¿Qué pasará con los planes industriales? Es una de las respuestas que quedan.
Según la patronal eólica española, las inversiones con la macrosubasta del 17 de mayo suman 3.000 millones. La siguiente puja rondará pues otros 3.000 millones. Los mismos 6.000 que Galicia pretendía con su concurso y de los que ahora aspira a quedarse con una porción.
