Las pensiones, el desempleo y el pago de los intereses de la deuda suponen el 55% del gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2017. (Consulta al completo los PGE 2017).

Estas tres partidas suman un total de 190.136 millones de euros, lo que equivale a un 55% de los 343.102 millones de gastos contemplados en los presupuestos. En las cuentas de 2016, acaparaban un coste de 188.560 millones, equivalentes al 53% del gasto total contemplado, de 351.856 millones.

Estas tres partidas, que son las más cuantiosas junto a las transferencias a las comunidades autónomas, experimentan un incremento del 0,83% con respecto al ejercicio 2016, cuando a su vez fueron un 0,8% inferiores a lo contemplado para 2015.

El mayor gasto del presupuesto será el de las pensiones, que concentrarán 139.647 millones, un 3,1% más que en las cuentas del ejercicio 2016, así como un 40% del gasto total. El Gobierno subió un 0,25% las pensiones en enero de 2017.

El gasto en esta partida se ha visto incrementado en un 42% desde el inicio de la crisis, desde los 98.011 millones de euros que suponía en el Presupuesto de 2008.

Por su parte, la partida de desempleo cuenta con una asignación de 18.318 millones de euros, un 6,6% menos que en 2016, cuando a su vez ya experimentó un fuerte descenso, del 21%. Ahora, representa el 5,3% del gasto total.

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En todo caso, este tipo de prestaciones concentran unos recursos aún superiores a los presupuestos de 2008, cuando se dedicaron 15.777 millones a esta partida, un 13% menos que en la actualidad.

En cuanto a la deuda pública, la partida vinculada a su coste asciende a 32.171 millones, un 3,9% menos que los 33.490 millones que concentraron en la anterior formulación de cuentas. En el ejercicio anterior, ya había registrado un descenso del 5,6%.

El coste de la deuda tiene un peso cercano al 9% sobre el gasto total. Pese a la contención, la cifra es más del doble de la que suponían los intereses de la deuda en 2008 (15.265 millones), cuando la deuda pública no representaba más del 34,3% del PIB.

Aumento del gasto social en los Presupuestos Generales del Estado 2017

El gasto social sin incluir el destinado a desempleo ascenderá este ejercicio a 173.088 millones de euros, un 2,7% más que en las cuentas correspondientes a 2016. Este aumento se produce tras otro del 0,4% en 2016.

El capítulo de Sanidad registra un aumento del 2,3%, hasta 4.093 millones, mientras que la Educación recibe 2.525 millones, un 1,7% más que en los presupuestos de 2016. La partida de Cultura es de 801 millones, un 0,7% menos.

Aparte de las pensiones y el desempleo, las actuaciones de protección y promoción social incluyen un gasto de 5.499 millones en el fomento del empleo, que aumenta un 5,5% con respecto a 2016, así como otro de 4.096 millones para la gestión un administración de la Seguridad Social, un 1,2% más.

En cuanto a los servicios públicos básicos, todas las partidas experimentan subidas, especialmente la de Justicia, que incrementa su dotación un 7,6%, hasta 1.726 millones. La de Defensa sube un 0,4%, hasta 5.758 millones, mientras que Política Exterior recibe un 3% más, hasta 1.522 millones.

Enmiendas y acuerdos de última hora

Por otra parte, el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2017 para la lucha contra la violencia machista ha aumentado 6,5 millones de euros, después de que el PP haya pactado con el PSOE y Nueva Canarias un incremento de 4 millones que se suman a los 2,5 millones previstos inicialmente.

Así lo ha anunciado en el pleno del Congreso la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, durante su defensa de la dotación para su departamento este año, y ha especificado que la dotación final para la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es de 31,7 millones y no 27,7 millones.

En total, el Gobierno, a través de los ministerios de Sanidad, Justicia y Educación, ha dicho, dedicará más de 266 millones a combatir esta lacra, a los que hay que sumar, ha precisado la ministra, todo lo aportado por las comunidades autónomas, cuya dotación en esta materia es la que más ha ascendido -más de un 32 por ciento-, y los ayuntamientos.