Los casi 20.000 trabajadores a los que emplea el sector siderometalúrgico en la provincia coruñesa están llamados a secundar una huelga de cuatro días entre finales de este mes y principios del próximo para protestar por el estancamiento de las negociaciones con la patronal para aprobar un nuevo convenio colectivo, pendiente desde que expiró el anterior, en 2014.

La convocatoria fue formalizada ayer por representantes de los tres sindicatos, CIG, UGT y CCOO ante el registro del edificio de la delegación provincial de la Xunta para los próximos días 22 y 27 y para el 4 y 5 julio en un sector enorme que abarca la metalurgia, los talleres de reparación de automóviles, empresas de instalación de fontanería, calefacción, gas, de tendidos eléctricos, de telefonía o suministros, las carpinterías metálicas, las auxiliares del naval como Navantia, las ópticas, cerrajerías, servicios de lectura de contadores de la luz y hasta a los relojeros.

Los sindicatos advierten de que los más de 18.000 trabajadores regulados con este convenio provincial cobran actualmente el salario fijado para 2014 y acusan a las patronales que negocian el convenio de dilatar los contactos, como en los dos últimos años en los que por falta de acuerdo no se renovó el convenio. "Hemos recorrido los centros de trabajo y la gente está muy cansada, quiere recuperar los derechos y el poder adquisitivo perdido", advierte el secretario nacional de la Federación de Industria de la CIG, Xoan Xosé Bouzas.

Las patronales que negocian el convenio son la de siderometalurgia (Sidero), la Asociación Provincial de Electricistas de A Coruña (Asinec), la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de A Coruña (Aptcor) y la Asociación Provincial de Instaladores de Fontanería, Gas y Afines de A Coruña (Agasca). Los sindicatos advierten de que el último convenio se negoció en 2011, durante la crisis, por lo que conceptos como la antigüedad y la revisión salarial si el IPC sube por encima de lo previsto quedaron en suspenso. Los trabajadores proponen una subida salarial del 4,5% para los tres años (2015, 2016 y 2017) y los empresarios mantienen la misma cantidad pero hasta 2018.

Tan importante como el acuerdo económico es, según Bouzas, negociar aspectos que la patronal ve como líneas rojas, como son la obligación de subrogación de empleados entre empresas de subcontratas de Telefónica, R o Fenosa, cuyos trabajadores pierden el empleo si éstas pierden contratos, o en las auxiliares de Navantia. Los trabajadores también quieren tener el poder de recusar a una determinada mutua si se demuestra que se excede de su labor o recoger unas tablas salariales para las auxiliares de Navantia para evitar que compitan en salarios por lograr contratos.

"La devaluación salarial y los recortes en esta época son plasmables", dijo ayer tras registrar la convocatoria de huelga el secretario xeral de la federación autonómica de Industria de CCOO, Víctor Ledo. "Es el momento de recuperar los derechos en la negociación colectiva", añadió.