Al Ministerio de Energía le cuesta tanto que las comunidades con tributos eléctricos aporten toda la información disponible que incluso pidió la ayuda del Tribunal Supremo para presionarlas. Las empresas también lo hicieron. Pero el tribunal se negó y en incidente de ejecución de sentencia de marzo recordó al equipo de Álvaro Nadal que Hacienda cuenta con los datos de los impuestos autonómicos para poner en marcha los suplementos territoriales.

Galicia nunca ocultó que estaba en el grupo de las más reacias. La Consellería de Economía, Emprego e Industria reconoció a este diario que el Ministerio le solicitó los datos varias veces, pero que no está dispuesta a acatar el recargo.

Son "impuestos medioambientales propios" para toda actividad "tenga o no que ver su objeto social con la actividad eléctrica", justificaba el pasado enero, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden con los primeros recargos. Insiste la Xunta en que sus tributos "no gravan directa ni indirectamente" las "actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico". Pero lo cierto es que tanto el canon por agua embalsada como el eólico solo afectan a empresas eléctricas, y en el caso del impuesto a los aerogeneradores, el gravamen de Castilla y León -entre los recogidos en la orden de suplementos de enero- es idéntico al de Galicia.

¿Qué han hecho las comunidades afectadas? Al menos Castilla-La Mancha tenía la intención de recurrir ante la Audiencia Nacional. Lo mismo que probablemente ocurrirá con Galicia y la nueva orden que ultima Energía.