El negocio inmobiliario de Banco Popular generó pérdidas de 317 millones solo en el primer trimestre. La entidad había decidido separar el ladrillo (un agujero negro en las cuentas) del negocio principal (rentable): de 16.206 millones de crédito bruto concedidos a la actividad promotora casi 12.500 millones estaban calificados como dudosos. El banco hubo de asumir una enorme cantidad de activos por impago de empresas y particulares y a finales de 2016 (tarde, según fuentes del mercado) creó la Dirección General de Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos (NITA) para deshacerse de ellos lo mejor y más rápido posible. La intervención y venta de la sexta entidad de España frustraron su cometido. Ahora es el Santander quien deberá dar salida a una cartera que, solo en Galicia y solo la gestionada por Aliseda, contiene cerca de 1.200 pisos, garajes, locales comerciales, trasteros o fincas rústicas. El objetivo de Ana Patricia Botín es reducir a la mitad este stock en 18 meses.
Aliseda es una sociedad en la que Popular (ahora Santander) tenía el 49% del capital, que compartía con Värde Partners y Kennedy Wilson. Goldman Sachs tasó su parte en 132 millones ( net carrying value) porque figuraba como una de las posibles desinversiones del equipo de Emilio Saracho y que elevaría la ratio de solvencia según el mismo banco en un amplio abanico de entre 102 y 167 puntos básicos. El Popular fue intervenido con una solvencia (CET 1) del 10%; en la web de Aliseda hay 359 viviendas que aún buscan inquilino y todavía con el gancho de "financiación de Popular". La mayoría están en las provincias de A Coruña y Pontevedra (240 en total) e incluye pisos ejecutados por embargo a personas físicas o promociones sin finalizar (A Coruña, Santiago, Ares, Aldán o Poio).
Lo más probable es que el Santander ejecute una venta de la cartera en grandes pedazos, tanto de activos inmobiliarios como de créditos impagados.
