La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a quien considera culpable, junto a otros tres altos cargos de la entidad financiera, del delito de fraude por ocultar de forma "consciente" la verdadera situación del banco antes de su salida a Bolsa. El fiscal le da una de cal y otra de arena ya que le exime del delito de falsedad contable que le atribuye el juez instructor, Fernando Andreu.

En su escrito de acusación, el fiscal solicita además cuatro años de cárcel para el exvicepresidente de la entidad, José Luis Olivas, tres para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, y dos años y siete meses para el exconsejero delegado, Francisco Verdú. A su juicio, la excúpula de la entidad es culpable en este procedimiento por no reflejar la imagen fiel del banco con el fin de obtener "a toda costa" los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital.

La Fiscalía también demanda que los cuatro acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria por partes iguales a los inversores minoristas personados en el procedimiento a excepción de aquellos que ya han sido resarcidos por la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.

Anticorrupción asegura que durante la salida a Bolsa, en julio de 2011, "se ocultó de forma consciente" a los inversores que el negocio ordinario bancario y también el "parabancario", heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de ahí que les atribuya el delito de estafa al inversor. Con el apoyo de los inversores mayoristas, a los que Bankia atrajo mediante la refinanciación de créditos, sostiene la Fiscalía, se consiguió sacar adelante una operación en la que los minoristas asumieron un riesgo "extraordinariamente superior" a la que conlleva siempre un movimiento bursátil, "merced a una información que no les advertía de los riesgos al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia".

Según el relato del fiscal Alejandro Luzón, el folleto de la salida a Bolsa era "incompleto" por la ausencia de unas cuentas anuales de Bankia y "deficiente, pues no reflejaba de manera adecuada la imagen fiel del patrimonio de la entidad". En este sentido, asegura que el documento que se entregó a quienes acudieron a la operación "arrastraba controvertidos criterios contables" adquiridos previamente por algunas de las siete cajas de ahorros que integraron Bankia, entre ellas Caja Madrid y Bancaja, que protagonizaron las mayores críticas en los informes aportados a la causa por los peritos judiciales.

Por su parte, la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) solicita un total de 363 años y medio de prisión para los 32 procesados en la causa por la salida a Bolsa de Bankia.

Mientras, la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicita para Rodrigo Rato y el resto de consejeros doce años de cárcel por los delitos de falseamiento de cuentas y estafa de inversores.