Banco Popular cerró el lunes pasado con unos depósitos de 60.347 millones de euros, según concretó el lunes el ministro de Economía durante su comparecencia a petición propia en la comisión de Economía del Congreso. Con esta cifra definitiva, la pérdida de depósitos registrada en la entidad presidida por Emilio Saracho durante sus dos últimos meses de vida ascendió a 18.537 millones de euros, un 23% del total; una media de prácticamente 9.000 millones al mes. La caída de fondos venía de atrás pero creció en progresión geométrica.
Sólo entre el primer trimestre del año pasado y el 31 de marzo de éste, se volatilizaron 10.000 millones de euros. De ellos, 6.064 salieron de la caja del Popular entre primeros de año, cuando ya se había anunciado la salida de Ángel Ron y su relevo por Emilio Saracho, y el fin de marzo (con una caída del 6%). Al cierre del primer trimestre de este año, Popular tenía unos depósitos de la clientela de 78. 884 millones de euros, un 11% inferiores a los doce meses atrás, según las últimas cuentas que hizo públicas.
El banco arrastraba serios problemas porque había concluido 2016 con unas pérdidas de 3.485 millones, pero en sus dos últimos meses hizo saltar todas las alarmas de que la crisis era mucho más grave. El 3 de abril corrigió las cuentas del año pasado y advirtió de que las provisiones de activos inmobiliarios eran insuficientes; siete días después, su presidente reconoció que el banco necesitaría una ampliación de capital o una fusión para continuar adelante. Las acciones perdieron ese mismo día un 9% de su valor en Bolsa.
Los cualificados
La estampida de los inversores institucionales e inversores cualificados, alertados por las bajadas de rating que se suceden en las primeras semanas de abril, es evidente ante su obligación legal de mantener ahorro sólo en entidades con un rating mínimo. Las constantes caídas en Bolsa no ayudaron a dar tranquilidad a los depositantes pero lo más grave estaba por llegar.
Fuentes de la plantilla explicaron, como ya publicó este diario, que la retirada de fondos en ventanilla se aceleró a partir del 11 de mayo, cuando la dirección del banco respondió a la petición de información por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con un hecho relevante en el que desmintió que hubiera encargado una venta urgente y que necesitase fondos por una fuga de depósitos, como había publicado El Confidencial ese mismo día. Y lo que definitivamente aceleró el proceso hasta convertirlo en fuga masiva fueron, según fuentes sindicales, las palabras de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) -una especie de FROB europeo- Elke König, que el 31 de mayo en un teletipo de Reuters advirtió de que Popular estaba en "alerta temprana" y bajo vigilancia. El Popular empezaba a planear pedir líneas extraordinarias de liquidez ( Emergency Liquidity Assistance, ELA) al Banco Central Europeo, agotadas ya las ordinarias.
Entre el 31 de mayo y el 6 de junio, la salida de fondos fue brutal, especialmente en las sucursales del Banco Popular -y algo menos en las del Pastor-, con retiradas de efectivo de incluso 300.000 y 400.000 euros por persona; ahorradores que intentaban salvar los muebles ante una posible quiebra en la que el Fondo de Garantía de Depósitos sólo garantizaría 100.000 euros por persona y cuenta de ahorro. Tal y como reveló De Guindos el lunes, de los 60.347 millones que quedaron en el Popular, 35.000 eran de depósitos inferiores a 100.000 euros. El ministro también reveló que hubo una importante salida de ayuntamientos y comunidades autónomas. Canarias retiró 636 millones, por ejemplo, mientras que la Xunta, precisó, mantuvo la operativa habitual con sus cuentas del Popular, para pagar gastos y otras operaciones ordinarias.
Tras un fin de semana de conversaciones entre los reguladores españoles y europeos para preparar la intervención y posterior venta, el presidente del Popular solicitó las ELA al Banco Central Europeo por valor de 2.000 millones el lunes, día 5, y por otros 1.600 el martes. Esos 3.600 millones dieron justo para cerrar las oficinas a mediodía, porque para el miércoles el Banco Popular ya no tenía más dinero en la caja y Emilio Saracho comunicó que no podía abrir las oficinas al día siguiente.
El BCE concede créditos de forma habitual a la banca a cambio de activos de buena calidad como garantía. Las ELA son fondos extraordinarios avalados por cualquier tipo de activo y el Popular agotó esta vía al no disponer de más activos que entregar como garantía. Fue entonces cuando el BCE decidió intervenir el banco sin esperar al fin de semana -como prevé la operativa del MUR-.
El ministro Luis de Guindos precisó ayer el lunes durante su comparecencia en el Congreso que a estrenarse el Mecanismo Único de Resolución (MUR) con la resolución del Popular, han salido a la luz nuevas deficiencias, como las medidas para garantizar la liquidez de una entidad como el Popular, del que dijo que era "un banco zombi", aunque "nada que ver" con cajas rescatadas como Bankia CatalunyaCaixa "a pesar de los errores que se hayan podido cometer". De Guindos pedirá en el Eurogrupo de mañana que se prevean nuevas medidas para facilitar liquidez a los bancos en apuros.
