Accionistas minoritarios y no minoritarios del Banco Popular estudian denunciar por la vía civil, "la más rápida", a la Junta Única de Resolución (JUR) europea y al Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria (FROB) así como iniciar arbitrajes de protección de inversiones contra el Estado español por parte de inversores extranjeros cuyos títulos valores han sido "confiscados".

Bernardo Cremades, abogado de Cremades y Asociados, despacho en negociación con distintas asociaciones de inversores afectados, plantea "demandar y no denunciar" a los mecanismos europeos y al Fondo de Rescate Español porque es la vía "más práctica". "Planteamos un recurso contencioso administrativo doble. Por un lado, contra la decisión de la JUR ante el Tribunal Europeo de Justicia y, por otro, contra la decisión del FROB, que derivó en la decisión de la JUR, ante la Audiencia Nacional", explicó Cremades.

Este abogado confirmó además que los afectados están analizando "eventuales reclamaciones por vía civil" contra el Banco Popular y sus administradores, como ya hizo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los accionistas minoritarios de la entidad -agrupados a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec)-.

Demandas colectivas de bufetes de EEUU

Mientras, bufetes de abogados de EEUU preparan demandas colectivas ( class actions) para reclamar el perjuicio causado a los inversores extranjeros del Popular. De hecho, cuatro despachos de abogados, según publicó ayer el diario Expansión, iniciaron la búsqueda de accionistas damnificados desde que una auditoría reveló en abril la carencia de provisiones en las cuentas del Popular por valor de 600 millones y la posterior caída de las acciones.