Banco Santander ha iniciado los road shows para la ampliación de capital de 7.000 millones con la que digerirá la absorción de Banco Popular, operación que prevé concluir a finales de julio y con la que cubrirá el déficit de capital, provisionará el ladrillo y asumirá los costes de la reestructuración. Esta triple partida costará 8.400 millones de euros, según los cálculos de la entidad que preside Ana Patricia Botín, que no incluyó en la factura compensaciones a los antiguos accionistas del Popular. Y no lo hizo porque no pensaba resarcirlos de ningún modo -la entidad desaparecida tenía 305.000 socios a 31 de marzo-, pero ha cambiado de opinión. El Santander asumió con la compra todos los riesgos presentes y futuros del Popular y la avalancha de demandas que se preparan ya en todo el país es uno de ellos.

"Vamos a analizar bien todas las situaciones para ver qué soluciones se pueden tomar con los pequeños accionistas que son clientes del banco y que fueron a la ampliación de capital del Popular de hace un año", admitió ayer el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya. "En los próximos días podremos ser más concretos", culminó. Las acciones judiciales que preparan decenas de bufetes van principalmente dirigidas contra el antiguo consejo de Banco Popular o Bruselas -la intervención se ejecutó a instancias del Banco Central Europeo (BCE) y con el mecanismo de resolución europeo, el MUR-, aunque también hay modelos de querellas criminales que incluyen a Botín.

Formalmente el Santander no tendría obligación de realizar ninguna compensación toda vez que la Junta Única de Resolución dictó que el valor del Popular era de hasta 8.000 millones negativos y que sus accionistas deberían asumir las pérdidas. "Se trata de una amortización permanente, sin que se pague indemnización alguna. La amortización del capital a cero -concluyó- se estima una medida proporcionada". "La cuestión aquí -defiende un experto consultado por este diario- es que Botín pretende ganar tiempo, evitar problemas judiciales y cerrar sin sobresaltos la ampliación de capital", que fuentes de la entidad aseguran que está "garantizada".

En cuanto a posibles soluciones se descarta un mecanismo de compensación líquido (en efectivo), y los analistas financieros se decantan por un canje por acciones del Santander o préstamos blandos para la entrada en el capital de este último. "No tiene muchas más opciones", afirma. El banco cántabro tenía ayer 17.475.271 acciones en autocartera (0,12% del total) con un valor de 103,6 millones de euros, según el precio de los títulos a cierre de la sesión. Entre los riesgos detectados por Banco Santander se incluía el solapamiento de clientes y, con la solución que articule, deberá guardar el equilibrio entre los depositantes y accionistas de ambas entidades para que no existan perjuicios. Ya el hecho de estudiar compensaciones para los que acudieron a la ampliación deja al margen a todos los demás, como los que adquirieron acciones en los dos días previos a la intervención del PopularPopular, cuando éste estaba ya sentenciado por el BCE.

Bajo el mandato de Ángel Ron Banco Popular concedió 221 millones en créditos a clientes para acudir a la ampliación y garantizar el éxito de la misma. De momento Botín ofreció mejorar los plazos de amortización de esas deudas para retener a los depositantes. Ella misma lo declaró tras cerrar la compra: "Nuestro objetivo es no perder un solo cliente con esta operación, tenemos un gran compromiso con ellos".

Mientras, el departamento de Recursos Humanos del Santander ha remitido a los trabajadores del Popular un protocolo de actuación para "afrontar las situaciones conflictivas" que se viven en las oficinas "desde el anuncio de la pérdida por parte de los clientes de todo lo invertido en acciones", ya que los afectados acuden a las sucursales a pedir explicaciones. Entre las recomendaciones, como desveló UGT, está la de "mantener el equilibrio emocional sin responder en ningún momento a las provocaciones, amenazas o insultos". Los empleados han recibido instrucciones de remitir las quejas a la Oficina del Accionista ya que las pérdidas ocasionadas "son ajenas al personal del centro de trabajo y fueron impuestas por el FROB y el BCE".

Comisiones Obreras, por su parte, alertó ayer de las "graves repercusiones sociales" que para Galicia tendría "el desmantelamiento de una entidad financiera netamente gallega", en referencia a Banco Pastor, por lo que reclamó a los partidos políticos que se impliquen en la defensa del empleo y de las condiciones laborales de la entidad. La organización sindical se reunió ayer con el grupo parlamentario del PSdeG después de haber hecho lo propio el martes con En Marea y PP. Las negociaciones sobre la integración de ambos bancos todavía no han arrancado y la plantilla teme por su futuro dadas las duplicidades.