No fue el hecho de ser cajas de ahorros lo que llevó a gran parte de estas instituciones financieras a la crisis sino que fue su condición de cajas la que les impidió salir por sus propios medios a la mayoría de ellas del quebranto de la gran burbuja crediticia, inmobiliaria y de deuda privada en la que incurrió el conjunto del sistema financiero en la etapa de bonanza.
Que el rescate directo con ayudas públicas de Estado se haya concentrado en España en este tipo de entidades durante la crisis económica vivida entre 2008 y 2014, como puso de manifiesto de nuevo el último informe del Banco de España el pasado viernes -no ocurrió así en anteriores crisis financieras, en las que el grueso de las víctimas fueron bancos privados-, revela ante todo la incapacidad jurídica, societaria y legal de las antiguas cajas de ahorros, en virtud de su naturaleza fundacional, para recapitalizarse apelando al mercado como sí hizo el grueso de la banca (en España y otros países) cuando sobrevino el desplome. Y en ausencia de vías de captación de recursos privados que fortalecieran a las cajas de ahorros al no ser sociedades mercantiles, sólo quedó expedito el camino de la liquidación, la venta o la nacionalización.
Que las autoridades regulatorias (europeas y españolas) forzaran a las cajas supervivientes (incluso a aquéllas que aventajaron a la banca privada en solvencia y capitalización en las pruebas de resistencia realizadas por los supervisores) a transformarse en bancos, con la salvedad de dos pequeñas entidades de ámbito local, evidencia el reconocimiento de que lo que mató a estas entidades no fue tanto el haber incurrido en errores distintos a los bancos como haberlo hecho sin disponer de los resortes de recapitalización de los que ellos (sociedades por acciones) sí tenían.
Banco Popular. La intervención, expropiación y venta por solo un euro el pasado día 7 del Popular (el sexto banco del país), y antes la absorción de Banesto por su accionista mayoritario (Santander), así como las anexiones previas del Guipuzcoano por el Sabadell y del Pastor por el Popular, además de los rescates de una treintena de cooperativas de crédito (también de naturaleza privada) por entidades análogas evidencian que la "exuberancia irracional" española (crediticia e inmobiliaria) no fue sólo una cuestión de las cajas de ahorros.
En realidad no lo fue en ningún sitio porque la mayor crisis financiera internacional desde los años 30 nació y se gestó en el sector privado, eclosionó con el desplome en septiembre de 2008 de uno de los más poderosos bancos de inversión del planeta (Lehman Brothers) y se propagó a través de los mercados interbancarios, generando una cascada de rescates de bancos privados por los Gobiernos de Estados Unidos y de muchos países de Europa. "No hay país que no haya saneado a su banca", dijo el 13 de julio de 2014 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Ayudas. Aunque las cuantificaciones difieren según las fuentes a las que se recurra, los países de la UE han destinado en torno a 800.000 millones de euros a recapitalizar bancos, 600.000 millones a ayudas para activos dañados y 3,3 billones como garantías. Los bancos europeos rescatados suman 110, entre ellos instituciones señeras como Lloyd's, Royal Bank of Scotland, Fortis, ING, Hypo Real State, Nothern Rock, Dexia, BNP Paribas, Commenrzbank... y el reciente de Monte Dei Paschi, entre otros. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos con las millonarias ayudas otorgadas por las administraciones de George Bush y Barack Obama. En Irlanda e Islandia la intervención y respaldo a sus grandes bancos arrastró también a los estados, que tuvieron que solicitar rescates internacionales.
La patronal bancaria española (AEB) aseguró tras la crisis del Banco Popular que sus bancos asociados no precisaron inyecciones de capital público. No las recibieron porque el Banco Central Europeo (BCE) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR) impusieron la expropiación forzosa de los accionistas del Banco Popular (muchos de ellos, pequeños ahorradores) y quitas del 100% a los titulares de sus bonos convertibles y deuda subordinada para impedir el quebranto a los contribuyentes y a los depositantes.
En todo caso, el conjunto del sistema financiero sí recibió ayudas horizontales, caso de los avales públicos y del reconocimiento de 30.000 millones de euros en activos fiscales diferidos (DTA) respaldados por el Estado. Y, como señaló el Banco de España en abril, en un artículo de su Dirección General de Economía y Estadística, "si las garantías se ejecutan" (lo que por ahora no parece probable) sí darían lugar a un coste para el erario.
Las ingentes inyecciones de liquidez realizadas por el BCE a la banca de la eurozona con sus programas LTRO y TLRO constituyeron otra suerte de ayudas, lo mismo que la compra de deuda bancaria durante el actual plan de expansión monetaria del organismo que dirige el italiano Mario Draghi.
Los tipos de interés en el 0% dañan la cuenta de resultados del sector financiero pero mejoraron su solvencia porque redujeron los fallidos, la tasa de morosidad y las necesidades de dotaciones y cobertura de riesgos.
Desde 2008 los grandes bancos españoles dotaron 300.000 millones de euros y se recapitalizaron con 70.000 millones. En Europa la recapitalización bancaria osciló entre más de 310.000 millones, según Dealogic, y 551.000 millones, según Thompson Reuters.
Si el Banco Popular aguantó hasta este año fue porque entre 2012 y 2016 captó 5.455 millones mediante tres ampliaciones de capital. De haber sido una caja, no hubiera podido realizarlas y hubiese sucumbido mucho antes como les ocurrió a muchas de ellas en ese mismo periodo de tiempo.
Parte de esas recapitalizaciones y provisiones obedecen a la elevación de las exigencias de los reguladores y otra buena parte a la cobertura de su participación en la burbuja. De ahí también las ventas de carteras de fallidos, el pago de dividendos con acciones y las medidas de reducción de costes, caso de los recortes de oficinas y de empleo (España los lidera en la UE), entre otros ajustes que, si en parte obedecen al desafío de la digitalización y de los cambios de hábitos de la clientela, el grueso responde a necesidades de mejorar la eficiencia de las propias entidades financieras.
El saneamiento bancario no está aún acabado en Europa. Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, dijo el pasado 7 de abril: "Si no aceleramos la limpieza de activos, harán falta otros diez años para deshacerse de los préstamos fallidos acumulados" en el sector.
El BCE cuantificó el 23 de marzo en 921.000 millones de euros el volumen de préstamos problemáticos que aún arrastra el sector bancario en la eurozona. En España se estiman en 190.000 los activos improductivos. Tres años antes de convertirse en ministro, Luis de Guindos escribió que España no debería permitirse que el crédito vuelva a crecer (como ocurrió en la etapa del optimismo) a una tasa que casi dobló el PIB nominal.
De esta "exuberancia irracional" participó el conjunto del sistema financiero. Las 45 cajas contribuyeron más que la decena de bancos porque eran más, porque estrenaban su liberalización territorial y porque estaban en plena expansión (en 2001, con Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía, superaron a los bancos en número de oficinas) mientras la banca seguía concentrándose tras las crisis que sufrió en 1977-1985 y en los años 90. Aun así, una reciente tesis doctoral de Mario Hernández Ruigómez atribuye a las cajas el 26,4% del gravísimo endeudamiento familiar español y el 23,7% a la banca. El resto de las causas las reparte entre el marco regulatorio, el Banco de España, el mercado inmobiliario, la desgravación fiscal y la evolución demográfica. La deuda privada española (suma de familias y empresas) llegó a superar los 2,08 billones de euros.
